El 2 de febrero de 2012 la
sala del Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió una
providencia donde señala que la alcaldía de Mariquita incumplió los esfuerzos
que tenía que hacer para mejorar el servicio de agua.
Aunque en la providencia deja
en firme el desacato en que incurrió el exalcalde Gustavo Acero, es decir, el
de haberse hecho el de la vista gorda con las sentencias del 4 de junio de 2004
y el 14 de abril de 2005, interesa que la providencia da elementos de juicio
para pensar por qué aun a estas alturas del siglo XXI Mariquita no tiene un
suministro de agua constante y decente.
A Colombia y a los
mariquiteños les debe interesar que en la sentencia del 4 de junio de 2004, emitida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, le ordenaba a las empresas ESPUMA y a URBES “como un paso previo a la
instalación de micromedidores”, realizar en forma gradual en un plazo que no
excediera a un (1) año la “implementación de los dispositivos tales como un
adecuado sistema de macromedidores, ventosas y válvulas de control para
verificar y sectorizar las pérdidas y consumos y equipos requeridos para el
control y medición del agua por sectores y con cubrimiento de toda la red”.
 |
| Mariquita desde el cerro de Santa Catalina |
No obstante, el 14 de abril de
2005, la Sección Primera del Consejo de Estado modificaba la sentencia del
Tribunal Administrativo del Tolima reformando y confirmando algunos numerales.
Entre los numerales reformados hay uno en particular donde le ordena al alcalde
de Mariquita, “a más tardar dentro de los
dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del fallo”, adoptar un plan de
acción con su respectivo cronograma para que, en un plazo que no exceda al del
periodo del alcalde, ejecute un “proyecto
de ampliación y adecuación de las redes de suministro de agua potable y de la planta de tratamiento del
acueducto municipal”. Lo anterior, con el fin de asegurar la continuidad en
el suministro del servicio de acueducto a la población.
Las dos sentencias fueron
pasadas de agache por la alcaldía de Hernán Cuartas. Tal vez porque nadie se
apersonó de ellas o porque el municipio en ese entonces estaba en ley 550.
Como en materia de derecho administrativo
la responsabilidad es de quien ejerce el cargo, estando Gustavo Acero en la
alcaldía quiso pasarse de listo con las sentencias que obligaban al municipio a
ejecutar lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de
Estado.
En efecto, durante el primer
semestre del 2011 se promovieron dos incidentes de desacato contra el alcalde
de Mariquita por incumplimiento de los fallos del 4 de junio de 2004 y 14 de
abril de 2005. Uno de ellos lo puso el representante legal de la empresa ESPUMA
el 23 de febrero de 2011. El otro la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos
de Mariquita el 18 de julio de 2011.
Multa por desacato al
exalcalde Acero
Pero lo que no se esperaba el exalcalde
Acero era que el Tribunal Administrativo del Tolima en un auto del 25 de julio
de 2011 admitía los incidentes de desacato dándole tres días para que explicara qué había pasado
con las ordenes de las sentencias emitidas.
Si bien el 25 de febrero de
2011 la alcaldía de Mariquita rendía un informe al Tribunal Administrativo del
Tolima de lo que había hecho y había dejado de hacer, un auto del mismo
Tribunal del 23 de septiembre de 2011 declaraba probado el desacato del
entonces alcalde Acero imponiéndole una multa de cinco (5) días de salario,
conmutables en arresto.
Las razones que exponía el
Tribunal Administrativo del Tolima para imponerle el desacato era de que a
pesar que había construido un tanque de almacenamiento de agua no lo había
puesto en funcionamiento por negligencia. Y como si fuera poco le señalaba que
este se hallaba en abandono. El Tribunal deja entrever que pese a los esfuerzos
estos no fueron suficientes ya que, efectivamente, el alcalde había incumplido
las sentencias del 4 de junio de 2004 y 14 de abril de 2005.
En fin, lo que el ciudadano
del común debe entender es que la providencia emitida por el Consejo de Estado
el 2 de febrero de 2012 deja en firme la sentencia por desacato contra el
exalcalde Acero y que el problema del agua continúa.
En más, en la susodicha
providencia se señala que no es justo que después de cinco (5) años de haberse dictado el fallo de segunda
instancia, es decir, desde el 14 de abril de 2005, la alcaldía “no haya
formulado alternativas eficaces y eficientes para que se supere la problemática
que causa la deficiente prestación del servicio del acueducto”.
Lo que está señalando el
Consejo de Estado es que las sentencias de los años 2004 y 2005 hay que acatarlas
y ahora le toca al actual alcalde Álvaro Bohórquez pensar cómo llevar a cabo lo
ordenado. Porque si no lo hace es muy posible que a mediano plazo replique
contra él algún fallo judicial. Es decir, verse enredado en algún pleito
jurídico.
El tanque de almacenamiento
Sobre el asunto del tanque de
almacenamiento que costó más de 1.400 millones de pesos, recién posesionado el
alcalde Álvaro Bohórquez llegaron a su despacho una comisión de los llamados
“indignados del agua”. Le exigían no poner en funcionamiento el tanque.
El alcalde fue tajante y les
hizo saber que una cosa es el pleito
jurídico que los “indignados del agua” tienen con ESPUMA y, otra cosa es
que él, como alcalde, lo que tiene que
hacer es velar porque ESPUMA preste un buen servicio.
Pero la dicha de que el
alcalde Bohórquez quiera poner en funcionamiento el tanque puede ser pasajera.
Lo feo es que esos 1.400 millones de pesos que están votados, necesita, según
palabras del exgerente Edgar Castro Alarcón, otra cantidad de millones de pesos
para arreglarlo.
Otra noticia, y está sí que ha
pasado desapercibida y que los mariquiteños deben saber, es que la empresa ESPUMA
mandó hacer un estudio maestro sobre el acueducto y el alcantarillado que, como
se sabe, ya colapsaron. El estudio costó 600 millones de pesos. Ahora falta
conseguir el dinero para ejecutar el plan maestro.
Ante tanto problema que se ha presentado con ESPUMA un asunto que
debe tener en cuenta esta empresa es lo referente al consumo del agua.
Personalmente he sido en varias ocasiones victima de ESPUMA por el bajo consumo
de agua. Le sugirió a ESPUMA que en vez de ver al que tenga bajos promedios de
metros cúbicos de agua como sospechoso de fraude le dé un premio.
Así como la empresa trata de
incentivar el uso del micromedidor, una campaña para que la gente se anime a
racionalizar el agua no caería mal. El premio a la racionalización del agua no
debe ser una palmadita en el hombro, debe ser un premio material donde la gente
se sienta satisfecha por haber hecho un buen uso del consumo del agua.
No caería mal de que se
ventile la posibilidad de que los propietarios de los inmuebles se vuelvan
socios de la empresa adquiriendo acciones.
Sin ser concejal y sin ser parte
de la roscograma que se come los impuestos de los contribuyentes mariquiteños, propongo que la actual
administración municipial, ESPUMA y el concejo municipal elaboren un acuerdo
municipal para que debatan cuál debe ser el consumo mínimo vital de agua en
Mariquita.
Colombia es uno de los países
más inequitativos y de mayor pobreza en América Latina y Mariquita con sus
cinturones de miseria y desempleo no escapa a ella.
Es hora de que los estratos 1,
2 y 3 tengan derecho a un mínimo de metros cúbicos regalados y que todo ser
humano tiene derecho y que, según los cánones internacionales, varía entre 6 y
10 metros cúbicos mensuales. No es bueno que, si es como dice la gente, que ESPUMA
obtiene multimillonarias ganancias, estas vayan a parar al bolsillo de unos
pocos. Es hora de que las ganancias de las empresas se socialicen y no, como
hacen los bancos, que solo saben socializar las pérdidas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario