Álvaro Zabala Leal: su travesía continental entre Colombia y Norteamérica

Armando Moreno

Año 1950 y a nadie antes se le había ocurrido atravesar parte del continente americano desde Colombia hasta Canadá. Esa idea la soñaría y la habría de cumplir Álvaro Zabala Leal a sus 25 años de edad.

Con la idea dándole vueltas a la cabeza, el joven Zabala se le apareció el día menos pensado al hacendado Julio Rebolledo —dueño de la hacienda El Puente de Armero— y sin pensarlo dos veces le pidió una licencia de seis meses. Su meta era llegar en bicicleta a EE.UU.

Sabedor que quien le pedía la aventura era un nieto de uno de los tantos hijos no reconocidos, el hacendado, sin chistar, y a sabiendas que se quedaría sin que le llevaran la parte contable de la hacienda, le dió un entusiasmado sí.

El inicio

Zabala —de piel morena y 1.65 de estatura— se marchó de su natal Armero dejando a su mujer en embarazo. El mismísimo 3 de enero, el día que arranca su periplo, se tomaría al frente de la Catedral de Bogotá, una de las tantas fotografías que le servirían de prueba a tan monumental aventura.

Ese mismo día habría de partir de Bogotá, no sin antes equipar su bicicleta marca Raleight con dos confortables alforjas. Una contenía la ropa, la hamaca y un toldillo para cubrirse de los zancudos y, en la otra, cantimploras con café y agua, carne y pescado en lata y cuanto fruto en el camino pudiera hallar.
Llevaba también una cámara fotográfica, un machete que se lo colgaba al cinto cuando las condiciones geográficas lo exigían, y cuanta chuchería y baratija había conseguido para intercambiar con los aborígenes que vivían al lado y lado del Darién.

Del Chocó a Centroamérica

La vorágine por las selvas del Chocó y del Darién duró exactamente dieciséis días. A su paso por los pueblos o en las charlas que frecuentaba dar para dar cuenta de su odisea, y conseguir algún dinerillo para seguir su marcha, al preguntársele cómo había dormido y soportado el inclemente clima solo atinó a decir: que unas veces lo hacía bajo el abrigo de su toldillo, otras veces entre hojas de palma de coco y en otras ocasiones alrededor de un fuego en una choza indígena.

Sabedor que por donde iba a pasar era una de las zonas que albergaba no solo serpientes venenosas, sino que también la malaria hacía de las suyas, no pudo evitar a ninguna de las dos.

En el Darién no escapó a la mordedura de una culebra. Gracias a los servicios de un curandero indígena, entre brebajes y yerbas, pudo sobrevivir a tan temible veneno. A Panamá llegó con malaria tiritando de fiebre y balbuceando palabras. Gracias a los buenos servicios hospitalarios de la ciudad, cogió fuerzas y bríos para emprender de nuevo la ruta que se había trazado.

Al llegar a Costa Rica pasó por Heredia y tuvo tiempo para visitar el Santuario de Lourdes, hablar con policías y pobladores de la ciudad. Tras 69 días de estar pedaleando sin descansar, el lunes 13 de marzo llegaría a Nicaragua. Recorre las calles de Managua, pesca en el Lago de Nicaragua y, seis días después, el 19 de marzo, encontramos a Álvaro Zabala Leal en El Salvador.

Laredo, Detroit, Windsor y Washington

La aventura tiene prisa y no hay tiempo que perder. El 1 de abril llega al Estado de Chiapas en México. Visita Ciudad de México. Se rodea de personalidades como el torero Luis Procuna, el más famoso que ha dado México. Sigue su periplo hacia Estados Unidos. El jueves 27 de abril llega a Laredo (Texas).

Tras cruzar ocho Estados de la Unión Americana en su diario de campo que escribía en horas de la noche, y que guarda celosamente su hermana Diva en Manizales, escribió: “La gente de los Estados Unidos gana mucho dinero porque trabaja con tesón y produce mucho. El que tiene una idea, desea estudiar o quiere llegar hacer algo obtiene ayuda”.


En Detroit (Michigan), ya para dejar por unos días a Estados Unidos, no se marcharía de allí sin conocer la fábrica de automóviles. Antes de cruzar la frontera, en su diario de campo dejó el testimonio de que había quedado sorprendido y maravillado.

En un remolcador cruza el estrecho canal entre Detroit (EE.UU) y Windsor (Canadá). Explora y recorre la provincia de Ontario. Allí visita a Chatham y London. Bordea los lagos Erie y Ontario. Visita las cataratas del Niágara.

De regreso pisa de nuevo suelo americano en Buffalo para dirigirse a la capital del mundo. A la Gran Manzana llegó un domingo 2 de junio. Se hospeda en el Waldorf Astoria Hotel. Pasea sus calles y avenidas en su bicicleta Raleight. En su diario de campo escribió: “Increíblemente hermoso, un tráfico nutrido y peligroso”. Era la New York de los años 50.

Con 14.400 kilómetros a sus espaldas el 23 de junio decide dejar a New York. Se encamina hacia Washington. Le quedaba el último juego de llantas de los tres que había decidido cargar consigo. Alberto Lleras Camargo, secretario general de la OEA, y conocedor de la hazaña, lo recibe como un héroe y lo condecora.

El entonces secretario, convencido de que lo que había hecho debería de quedar para la posteridad, le insinúa donar la bicicleta al prestigioso museo del Smithsonian Institute. Su bicicleta está en una urna y una placa donde consta que Zabala fue quien protagonizó la primera travesía entre América del Sur y Norte América.

Entre guaduales, mangos y aguacates

Seis años después en febrero de 1956, Álvaro Zabala Leal tendría en Armero un percance con una motobomba en la estación de gasolina de su propiedad. Salió envuelto en llamas. Una muchedumbre de armeritas serían testigos atónitos de tan fatal desenlace de su héroe. El traslado del cuerpo en avión hacia Bogotá no se cumpliría. El avión no llegó. Esa misma noche sobre hojas de plátanos el dolor extremo se apoderaría de su cuerpo. Ante la falta de prevención médica una sobredosis de morfina lo llevaría a la muerte.

Le sobreviven tres hombres y dos mujeres. Uno de sus hijos, Carlos Felipe Zabala, el mismísimo que estaba en el vientre de su madre cuando su padre decidió emprender el periplo por una gran parte del continente Americano. Vive en Mariquita en su condominio Baleares rodeado de guaduales, árboles de mangostinos, mangos y aguacates. Además del recuerdo fotográfico de su padre.

Sin olvidar, por supuesto, que allí donde tiene su condominio, era parte de lo que fue hace más de 200 años el laboratorio botánico de José Celestino Mutis.

Se cae el Estatuto de Rentas de Mariquita: un atropello al pueblo

Armando Moreno

Especial para El Puente, Honda, año 11, No 124, Nov/Dic de 2009

Un fallo del Tribunal Administrativo del Tolima puso a los mariquiteños a pensar qué había pasado. La noticia se esparció como pólvora. Nada menos, ni nada más, que el mismísimo Tribunal había declarado nulo el Estatuto de Rentas que el Concejo de Mariquita había aprobado el pasado 13 de diciembre de 2008.

La pregunta que surge es por qué Juan Carlos Acero, el actual alcalde, le dio por echar atrás el anterior Estatuto de Rentas que se había promulgado durante la alcaldía de Hernán Cuartas. Los mariquiteños saben que ese estatuto que fue ideado, diseñado y pensando por Raúl Amaya fue aplaudido y alabado por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.

Los expertos en Derecho Tributario saben que los Estatutos de Rentas y sus tributos no pueden ser creados dependiendo del estado de ánimo del alcalde y que, según parece, fue lo que se hizo.

Pero el asunto va mucho más allá del estado de ánimo del alcalde. Raúl Amaya, contador y experto en Derecho Tributario, y quien fue la persona que demandó ante el Tribunal Administrativo el Estatuto de Rentas, al enterarse del adefesio que iba cometer la Administración Municipal —con el Concejo Municipal a la cabeza— envió mensajes diciéndoles que no fueran a incurrir en semejante despropósito. O para ponerlo en palabras castizas: que no fueran hacer chambonadas. Pues según este experto, y después de haberle hecho un análisis exhaustivo al Estatuto, había llegado a la conclusión que lo que iban aprobar no era más que una vulgar copia de Estatuto de Rentas de Armenia.

No obstante, los concejales, los asesores, la secretaria general y el mismísimo alcalde, fueron sordos, mudos y ciegos. Si alguien lee el acta del Concejo Municipal del día 13 de diciembre de 2008 donde se aprobó semejante esperpento, puede deducirse que lo concejales no tenían idea de lo que se iba aprobar, ni mucho menos que lo que había hecho la Comisión III de Presupuesto y Hacienda estaba bien o mal.

Lo que dijo el concejal Salgado

Para darnos una idea cómo piensan los concejales, esa mañana del miércoles, el mismo presidente de la comisión III, el señor José Lisbert Salgado, creyéndose que lo que habían hecho era una pieza de Derecho Tributario, manifestó sin ningún pudor, que lo realizado por ellos había sido «arduo y extenso». Es más, se atrevió a dejar una constancia donde felicitaba al alcalde Acero por haberle facilitado «los medios para llevar a cabo dicho estudio, en especial a la Dra. Gladys León quien es la Tesorera Municipal y al señor Jairo Canal quienes fueron muy juicios». Como queriéndole insinuar a quienes pagan impuestos que estos funcionarios si se ganan la plata bien ganada, atinó a decir que además de llegar «a la hora indicada», habían resuelto «todas las dudas e inquietudes que surgieron en la Comisión».

Pasado el mediodía del miércoles 13 de diciembre el Concejo Municipal —con la anuencia del alcalde y su equipo— decide, sin que sus miembros se ruboricen para nada, aprobar el Estatuto de Rentas.

Necesario recordarles a los mariquiteños que algunos concejales, sin importarles que lo que se estaba debatiendo era transcendental para quienes pagan impuestos, en un acto de irresponsabilidad, dejaron al garete el debate. Algunos se marcharon y otros se ausentaron importándoles un pito lo que se estaba discutiendo.

La demanda

Retomando el adagio popular que dice que sacado el ojo no hay Santa Lucía que valga, los mariquiteños recibían el Año Nuevo 2009 con un nuevo Estatuto de Rentas. Pero como no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, el experto tributarista Raúl Amaya, ni corto ni perezoso, y sabedor de que lo que iba a hacer no tenía pierde, resolvió demandar parcialmente el Estatuto.

Según palabras del mismo Raúl Amaya, lo demandó porque, por un lado, golpeaba los bolsillos de todos los mariquiteños y porque a muchas personas de bajos recursos le iban a quitar el pan y el huevo del desayuno. Y, por otra parte, porque era la oportunidad para demostrarle a la Administración Acero y a su equipo, que lo que estaban haciendo era un monumento a la torpeza y a la chambonería.

Enterados los mariquiteños de que el Estatuto de Rentas había sido demandado, muchos manifestaban cómo era posible que un Juan Carlos Acero que se había manifestado en la campaña electoral como un individuo que iba dizque a manejar el municipio con rectitud y transparencia, estuviera ensañándose contra el pueblo a punta de tributos.
Tributos por fuera de la ley

El 9 de octubre de 2009, diez meses después de haber demandado el Estatuto de Rentas, el alto Tribunal Administrativo del Tolima le daba la razón a Raúl Amaya.

Lo grave y bochornoso del asunto era que el alcalde y su equipo habían inventado el cobro de unos tributos que en ninguna ley existen. Pues sin desfachatez alguna habían introducido artículos donde se cobra por estacionamiento de vehículos; por asignarle una nomenclatura a un bien inmueble; por abrir un local en horas de la noche; por expedir un certificado ya sea comercial, industrial o de servicios; por expedir un certificado del estrato de la casa o por solicitar la expedición de un certificado de nomenclatura, entre otros.

Pareciéndole al alcalde que los tributos que le iba a cobrar a los mariquiteños eran muy pocos, acolitó el rocambolesco artículo 187 que señala que “las demás certificaciones, constancias o autorizaciones expedidas por la Secretaría de Planeación, causaran derechos equivalentes al resultado de la siguiente fórmula: SMDLV*F.S.”. Nadie sabe qué significa dicha fórmula. La intención del artículo, y que lo debe tener en claro el mariquiteño común y silvestre, es que cualquiera que se acerque a la Secretaría de Planeación a solicitar cualquier insignificante papel tendrá que mandarse la mano al bolsillo.

Pero el colmo de los colmos está en un artículo que es todo un hazmerreir; además de atentar de lleno contra el salario de la gente. Es el artículo 199 que trata de derechos de publicación en la Gaceta Municipal. Se señala que por publicar un acta de posesión se debe pagar el 50% del salario mínimo. Y si se quiere publicar un edicto otro 50% del salario mínimo.

La sentencia del Tribunal

La sentencia del Tribunal señala que el Concejo Municipal y el alcalde lo que hicieron fue crear en el Estatuto de Rentas «una multiplicidad de tributos, algunos de ellos inconstitucionales e ilegales». En otros apartes de la sentencia se señala enfáticamente que los tributos creados «no existen en la legislación colombiana» como los del servicio nocturno, las certificaciones y los paz y salvos.

En términos generales, lo que ha señalado el Tribunal es que los entes territoriales, como los municipios, aunque «poseen autonomía fiscal limitada» tienen que subordinarse a lo que le señala la ley. La sentencia les señala al alcalde y al Concejo Municipal que solo pueden votar tributos siempre y cuando «estén creados por el Congreso de la República”.

En fin, lo que dice el experto tributarista Raúl Amaya —pues lo demandó parcialmente— es que el Estatuto en su mayoría está viciado por ilegalidad. El problema con este Estatuto es que es una mala copia del Estatuto de Armenia del año 2005. Ni siquiera tuvieron la molestia de leer el articulado, sino que con algunos pésimos retoques lo adoptaron tal cual.

La reacción de la gente

Lo que más preocupa a los mariquiteños es que el alcalde, junto a su equipo de gobierno y sus asesores, en vez de reconocer el error y acatar el fallo del Tribunal lo que han hecho es apelarlo ante el Consejo de Estado. La señora Rita que vive de vender frutas y huevos criollos ve en esta acción «la prepotencia del alcalde». El señor Jota dice que si el alcalde apeló el fallo es «porque quiere seguir cobrándole al pueblo algo que es ilegal». El señor Santos que vive de vender frutas dice que «lo mejor no es pagar hasta que el Consejo de Estado resuelva la apelación».

Respecto a la apelación, el experto tributarista Raúl Amaya dice que es muy bueno ya que tendría que aplicarse a nivel nacional. Dice que muchos alcaldes en Colombia lo que han hecho es aplicar Estatutos de Rentas desconociendo si están acorde con las leyes. Un ejemplo, es el vecino municipio de Falán que también adoptó el Estatuto de Rentas de Armenia

Aunque la gente tiene enojo de que le sigan cobrando tributos ilegales e inconstitucionales, el tributarista Amaya ha señalado que cuando él puso la demanda también había solicitado la suspensión del cobro. Fallo este que está a la espera y que, lo más seguro, será otra de las derrotas que ha de sufrir la Administración Municipal.

Un experto en derecho penal ha señalado que si el alcalde no tiene la valentía de enmendar su error, lo más seguro es que cualquier individuo lo podría demandar ya sea por la vía penal o disciplinaría. Ya que él tiene la obligación de devolver esos tributos, pues los ha recaudado violando la ley. Como lo recalcó el penalista: «todo por no darle la razón a la justicia».

No obstante, la gente se está preguntado qué está pasando con la Administración Municipal que no ha salido a poner la cara. Se ha quedado callada y alguno que otro funcionario ha salido a la emisora más que aclarar a confundir. La gente también se está quejando por qué Radio Lumbí no ha difundido la sentencia como debería de ser.

A la gente también le está fastidiando la manera como derrocha a veinte manos los dineros de los contribuyentes. Dicen que el municipio tiene seis abogados y cinco contadores, y que cuatro de ellos (dos en cada profesión) son expertos en Derecho Tributario. Lo que le choca y le fastidia a la gente es que de los seis abogados, algunos de ellos, —parecen que son tres— le hacen asesoría al municipio y que cobran, según parece, la bobadita de 98 millones de pesos anuales.

Algunos creen que esta asesoría es un despilfarro de dinero. Juan, un hombre bonachón y humilde de Mariquita, ha dicho que para qué asesoría. Acaso el señor alcalde en su campaña no había dicho dizque era un experto en administración municipal; que había sido asesor de cuanto municipio del Tolima y de Colombia había.

Juan sabe que el alcalde no ha cumplido, ni cumplirá lo que prometió en la campaña. Él cree que el alcalde ya enterró su futuro político. «Ya llegará el día en que lo derrotaremos en las urnas», dijo. No obstante, lo que lo ha hecho sentir más triste los últimos días es que ha escuchado decir que el presupuesto municipal del año 2009 ya fue ejecutado. Y se pregunta: ¿dónde están las obras? ¿Qué se ha hecho la plata de los impuestos de la gente?

¡Descarados!

Los congresistas de Colombia no solo dan pena, también asco. Estos señores que se ganan el sueldo sin hacer mayor cosa aun no se han dado cuenta del nivel de desprestigio en que se encuentran. Seguramente seguirán así por muchos años más.

Ya que se acercan las elecciones para elegir un nuevo Congreso en el 2010 bien valdría la pena que la sociedad reflexionara sobre las cualidades y capacidades de quien nos ha de representar. Si en el Tolima hubiese un observatorio electoral donde se les hiciera seguimiento a los actuales congresistas, no tendrían por que salir reelegidos. El balance de ellos en el Congreso ha sido demasiado pobre. Otros como los exsenadores Carlos García o el mismo Luis Humberto Gallo, y que salieron gracias a los votos de los tolimenses, producen miedo por lo que hicieron y están haciendo.

Carlos García sigue preso. De él no vale la pena hablar tanto, es un personaje siniestro. Solo basta decir que se encuentra tras las rejas por algo que todo el mundo conoce de sobra y que produce vomito. Para decirlo con pocas palabras es, y será, un sujeto del bajo mundo.
Luis Humberto Gallo aun no se ha podido quitar la justicia de encima. Otro personaje que cada día le salen más problemas con la justicia.

Ya que, Gómez Gallo, según algunos entendidos, podría tener el camino abierto para aspirar a la gobernación, o, para volver al senado, bien vale darle a conocer a los electores tolimenses en qué enredos anda metido. Es bueno señalar que si bien la Fiscalía lo precluyó en primera instancia, todavía sigue investigado por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia.

Pero el asunto más escabroso de lo que es el Congreso es el nuevo escándalo del conservador Gómez Gallo. Es una historia donde se da el soborno, el chantaje y la intriga. Además de la muy colombiana práctica del carrusel: la patraña típica que se usa en el Congreso para que un vago que va pocos meses al Congreso salga con una pensión jugosa.

La historia comienza en el año de 2006 cuando Ovidio Claros Polanco, actual magistrado de la Consejo Superior de la Judicatura, pierde la investidura como representante a la Cámara. Todo parece que la confabulación burocrática fue orquestada Gómez Gallo, José Antonio Mora Rozo y Héctor José Ospina Avilés para apropiarse de la curul.

Lo feo del asunto es que quienes promovieron la demanda contra Claros Polanco por violar el régimen de inhabilidades, presuntamente fueron quienes le seguían en la lista al Congreso: Mora Rozo y Ospina Avilés, respectivamente.

Aceptada la demanda, y después de varios meses, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decide retirarle el carácter de congresista a Claros Polanco nombrando en su reemplazo a Mora Rozo, segundo en la lista.

Para que la gente se dé cuenta que allí en el Congreso es todo tramoya, el recién nombrado congresista para pagar favores nombra en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a dos recomendados del abogado demandante: a su esposa y a un amigo.

La historia de corrupción e intriga se pone mucho más interesante cuando se les exige a los dos recomendados entregar el 30% del salario devengado. Hasta aquí todo normal, pues, según parece, es muy común que los congresistas hagan esta clase de chancucos.

Lo insólito de esta historieta rocambolesca, y que comienza a complicarse, es que quien recibía el 30% del salario devengado de los dos recomendados no era Mora Rozo, el congresista en propiedad, sino el señor Ospina Avilés, el tercero en la lista, y que en un pasado había estado vinculado a la UTL de Gómez Gallo.

El señor Ospina Avilés después de un año de estar devengando el 30% del salario de los dos recomendados pide entrar en la práctica del carrusel, muy propia del Congreso. Pues reconocida la pensión al señor Mora Rozo, y sin descaro alguno, éste decide retirarse para abrirle pasó a Ospina Avilés para que se posesione en el Congreso.

No obstante, Ospina Avilés no contento con su salario de congresista, decide exigirles a los recomendados del abogado litigante no el 30%, sino el 70% de sus salarios. Al rechazar éstos la pretensión el congresista decide declararlos insubsistentes.

Para que el elector se dé cuenta de la clase de congresistas que tiene Colombia, todo este tejemaneje corrupto y descarado apuntaba a un objetivo: la pérdida de investidura de Claros Polanco para que Mora Rozo reajustara su pensión y Ospina Avilés asumiera la curul posteriormente.

Pero la corrupción no termina con esta tetra. No contentos con las patrañas urdidas, la dejación del cargo de Mora Rozo fue compensado con el nombramiento de dos de sus hijos. Un hijo en la UTL de Ospina Avilés y una hija en la UTL de Gómez Gallo.

Como si lo orquestado fuera poca cosa, la investigación ha apuntado, según parece, de que el monto que tuvo que pagarle Ospina Avilés al señor Mora Rozo para que le diera la palomita en el Congreso habría sido la suma de $ 300.000.000

El problema de la corrupción en el Congreso parece estar en los electores que votan por cualquier mequetrefe. En las sociedades modernas quien se acerca a la urna para votar por su candidato de sus expectativas le hace seguimiento. En Colombia hemos avanzado un poco, pero no tanto como se quisiera. Existen observatorios electorales donde se le hace el balance al Congreso, pero no el seguimiento a los congresistas que sería lo ideal.

La Universidad Pública

La sociedad colombiana por lo general no le interesa qué pasa con la educación de sus hijos. Ni tampoco está interesada si sus hijos salen bien preparados para enfrentar los retos de la sociedad. Si estas cuestiones tan elementales no están entre sus prioridades, mucho menos va a interesarle lo que significa un currículo o un plan de estudios, o, la diferencia que existe entre un Departamento y una Facultad en una Universidad.

No obstante, cuando las comunidades académicas protestan porque el Estado a la Universidad Pública no le está asignando los recursos suficientes para su funcionamiento, por lo general, la sociedad entiende que lo que están reclamando es alza de salarios. A veces la gente se pregunta, y con razón, pues no tiene por qué saberlo, por que el sector de la educación protesta tanto.

Acaso, de nuevo se preguntan, si con lo que gana un profesor universitario no le alcanza para vivir. Algunos otros de una manera arrogante e ignorante parten de la idea que el reclamo del profesor es injusto si se le compara con el resto de la sociedad.

Pues bien. En este orden de ideas a la conclusión que se puede llegar es que cuando la sociedad piensa sobre la universidad el referente que se hace es el de un profesor dictando clase. Desgraciadamente gran parte de nuestra sociedad aun no está familiarizada con el papel que debe desempeñar la universidad.

Las protestas de estos días por parte de estudiantes, profesores y directivos universitarios no radican en un alza de salarios como, tal vez, algunos creen. El problema viene con la Constitución de 1991 que creó la ley 30 de 1992 que regula la Educación Superior. Desde ese tiempo para acá el Estado colombiano le dijo a la Universidad Pública que tenía que modernizarse y ponerse a tono con la globalización y los cambios del siglo XXI.

Esta orden fue acatada por la Universidad Pública y en un lapso de 17 años esta se puso a tono con las exigencias del Estado. En primer lugar, se incrementó el número de estudiantes matriculados pasando de un 33% a un 55%, tan así, que hoy en día, la Universidad Pública copa el 88% del estudiantado universitario. Otro aspecto de la Universidad Pública es que esta prácticamente está llevando la batuta en la investigación científica y tecnológica. Este punto es interesante porque la sociedad debe entender que un profesor universitario no está contratado solamente para dar clase, sino que dentro de su jornada laboral debe dedicarse también a la investigación, es decir, a generar conocimiento científico y tecnológico.

Otro punto clave, y que la sociedad debe entender, es la calidad de su profesorado. En este lapso de tiempo gran parte de quienes enseñan e investigan en la Universidad Pública tienen título de doctor, ya que dicho título lo único que sirve es para acreditarlo ante las comunidades científicas como investigador científico. Que la Universidad tenga entre su profesorado títulos con doctor es una garantía de calidad para sus egresados, pues este no solo estaría capacitado para desempeñarse en el campo laboral, sino también como investigador científico.

No obstante, con estos logros, la Universidad Pública sigue funcionando con los recursos que el Estado le asignó hace más de 10 años. Un informe de la Procuraduría señaló que las transferencias del Estado a las Universidades Públicas han disminuido de $ 1.73 millones en el 2000 a aproximadamente $ 1.6 millones del 2009. A estas sumas, el Ministerio de Educación, en un tono de populismo, responde que las partidas se han incrementado en un 17% entre el 2003 y el 2009. Pero lo que no dice el Ministerio de Educación es que a ese incremento se le debe incluir la inflación, que hace que el peso colombiano pierda cada día poder adquisitivo.

La presión de diversos sectores de la sociedad obligó al Congreso el pasado martes 20 de octubre a incrementar el rubro para la Universidad Pública en cerca de 160 mil millones de pesos. Aunque la cifra parece abultada es insuficiente, pues con este incremento la Universidad seguiría funcionando al debe.

El compromiso del Estado para con la educación pública es una deuda que aún está pendiente. Valga recordar que cuando el expresidente César Gaviria sancionó la Constitución de 1991, en su discurso señaló que en esa gran reforma que se le había hecho al Estado había algo que quedaba pendiente: la educación en todos sus niveles. Achacaba que por culpa de la guerra, el Estado colombiano no podía fijarse en la educación.

A excepción de los EEUU que creó un modelo de educación superior diferente, pues allí además del Estado las multinacionales se meten la mano al bolsillo y le aportan dinero a las universidades, en el resto del mundo la educación sigue siendo financiada por el Estado.
Colombia a nivel de Latinoamérica está rezagada. Mientras que en todos los países de América Latina le asignan el 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación superior, Colombia solo le asigna el 0.4% del PIB.

Podríamos concluir diciendo que pese a los avances que ha tenido la Educación Pública todavía la educación se encuentra al garete. En el Congreso no hay quien discuta de política educativa. Esta es la explicación del por qué aún en el concierto internacional Colombia por lo general siempre ocupa los últimos puestos. No obstante, la sociedad poco le interesa cómo debe ser la educación de sus hijos.

Lo triste es que sigue habiendo plata para la guerra, pero poco para la educación.

La pensión del Congresista: vuelve y juega

Hace poco un estudio señalaba que entre las instituciones más desprestigiadas y de poca credibilidad entre los colombianos era el Congreso de la República. Solo basta encender la televisión y ubicar las sesiones del congreso para darnos la idea fehaciente de que estos señores, que viven de gorra con los impuestos de todos los colombianos, no cumplen con su trabajo. Pues lo que se ve en el recinto del Congreso en vez de cabezas son sillas vacías.

Da la sensación que lo único que les interesa es devengar un salario sin trabajar. Pero si lo que caracteriza al Congreso es su ausentismo, hace poco un parlamentario, sin ninguna desfachatez, propuso que para que el ausentismo no se viera tan mal, lo más recomendable era que, seis meses antes de las elecciones, el Congreso por ese lapso de tiempo no volviera a sesionar.

En medio de las críticas que arrecian contra el Congreso por su ausentismo y por su ineficaz capacidad propositiva para resolver los problemas profundos de Colombia, y que ha generado ya polémica entre los diversos sectores de la población colombiana, es la iniciativa que modifica la ley 4 de 1992. Los parlamentarios en las últimas semanas resolvieron modificar un artículo de la ley 4 que incrementa de un golpe las pensiones en cinco millones y medio de pesos mensuales.

Pero lo más chocante de toda esta sinvergüencería parlamentaria es que la iniciativa ya cursó los dos debates y sí no hay presión de ninguna índole es muy posible que estos señores terminen modificando la ley para su propio beneficio. Pero lo que indigna y que la gente del común se pregunta cómo es posible que un congresista con 11 de millones de pesos mensuales no pueda vivir. Y lo que también enfurece a la gente es que estos señores cuando se trata de reajustar el salario a la masa trabajadora siempre terminan oponiéndose al incremento salarial con el cuento de que genera inflación y desempleo.

Este nefasto proyecto fue presentado por los senadores Eduardo Enrique Maya (Partido Conservador) y Aurelio Iragorri Hormaza y Carlos Ferro Solanilla, éstos últimos integrantes del Partido de la U. Los argumentos de estos señores, sin escrúpulos para asaltar el erario de los contribuyentes, es el de que se les «ha violentado el derecho fundamental a la igualdad de los congresistas pensionados antes de la entrada en vigencia de la ley 4 de 1992». Pues según los ponentes, la ley 4 no diferencia, distingue o discrimina entre senadores y representantes a la cámara con otros empleados públicos que ya se les hizo el reajuste. Desgraciadamente estos señores, al reclamar la igualdad aludida, se olvidan de que son unos privilegiados de la sociedad y que se les paga por un trabajo que muy poco hacen.

Sin embargo, por ese trabajo tan poco productivo que hacen, en el desprendible de pago, aparece como sueldo básico, $ 5.086.646, a los cuales se le suman los gastos de representación por $ 9.046.485. Como si fuera poco, el congresista cada 30 días cobra una prima de vivienda por un valor de $ 5.496.999 y una prima de salud por $ 1.413.508. Todo equivalente a $ 21.045.638 mensuales. De este monto al congresista le hacen 3 descuentos. Al que va al fondo de previsión por $ 1.341.659, al de salud por $ 496.900 y al fondo de solidaridad por $ 420.913. Otro descuento por retención en la fuente equivalente a $ 1.901.700. Es decir mensualmente le descuestan $ 4.161.172 del salario global. En conclusión el congresista colombiano se gana mensualmente la bicoca de $ 16.884.166.

Pero como son unos privilegiados, terminaron burlando la ley que dice no debe incrementar el salario por encima de la inflación. Estos señores conociendo que la inflación anda por el suelo, sin pudor alguno, redactaron el Decreto 1232 del 13 de abril del 2009 que establece que a partir del 1 de enero de cada año el salario del congresista se debe incrementar en un 7.67%. El colombiano debe saber que tanto el senador como el representante a la cámara gana igual salario. Pero la cuestión es esta: ¿alguien se ha preguntado cuánto le cuesta el salario de los congresistas a los contribuyentes?

Pero no seamos tan drásticos. A veces cuando les da por trabajar lo único que proponen son payasadas como la de descontar un día de salario al congresista que no asista a las plenarias. Se sabe que es una tontada que no tiene ningún sentido, puesto que lo que hace el congresista es contestar a lista y marcharse del recinto. Los que saben de estas marullas dicen que así es muy difícil que se ponga en marcha la respectiva propuesta.

De todos modos, como dando a entender de que tienen dignidad, la propuesta de quitarle un día de salario arrancó desde el pasado 20 de octubre. Se sabe que no va a funcionar. No obstante, para que la gente del montón tenga una idea, lo que le van a quitar es la suma de $ 562.000. Es decir, que lo que le van a quitar a este señor en un día, es lo que casi se gana un trabajador con salario mínimo en un mes.

Finalmente, si este “mico” pasa, el congresista que se pensione habrá de recibir la suma de $ 16.5 millones de pesos mensuales y no los $ 11 millones a los que por ley ha tenido derecho. Valga señalar que el afán por este “mico” es el de que existe una norma que señala que, a partir del 2010, ningún pensionado podrá recibir mesadas del erario público por encima de los 25 salarios mínimos.