Se cae el Estatuto de Rentas de Mariquita: un atropello al pueblo

Armando Moreno

Especial para El Puente, Honda, año 11, No 124, Nov/Dic de 2009

Un fallo del Tribunal Administrativo del Tolima puso a los mariquiteños a pensar qué había pasado. La noticia se esparció como pólvora. Nada menos, ni nada más, que el mismísimo Tribunal había declarado nulo el Estatuto de Rentas que el Concejo de Mariquita había aprobado el pasado 13 de diciembre de 2008.

La pregunta que surge es por qué Juan Carlos Acero, el actual alcalde, le dio por echar atrás el anterior Estatuto de Rentas que se había promulgado durante la alcaldía de Hernán Cuartas. Los mariquiteños saben que ese estatuto que fue ideado, diseñado y pensando por Raúl Amaya fue aplaudido y alabado por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.

Los expertos en Derecho Tributario saben que los Estatutos de Rentas y sus tributos no pueden ser creados dependiendo del estado de ánimo del alcalde y que, según parece, fue lo que se hizo.

Pero el asunto va mucho más allá del estado de ánimo del alcalde. Raúl Amaya, contador y experto en Derecho Tributario, y quien fue la persona que demandó ante el Tribunal Administrativo el Estatuto de Rentas, al enterarse del adefesio que iba cometer la Administración Municipal —con el Concejo Municipal a la cabeza— envió mensajes diciéndoles que no fueran a incurrir en semejante despropósito. O para ponerlo en palabras castizas: que no fueran hacer chambonadas. Pues según este experto, y después de haberle hecho un análisis exhaustivo al Estatuto, había llegado a la conclusión que lo que iban aprobar no era más que una vulgar copia de Estatuto de Rentas de Armenia.

No obstante, los concejales, los asesores, la secretaria general y el mismísimo alcalde, fueron sordos, mudos y ciegos. Si alguien lee el acta del Concejo Municipal del día 13 de diciembre de 2008 donde se aprobó semejante esperpento, puede deducirse que lo concejales no tenían idea de lo que se iba aprobar, ni mucho menos que lo que había hecho la Comisión III de Presupuesto y Hacienda estaba bien o mal.

Lo que dijo el concejal Salgado

Para darnos una idea cómo piensan los concejales, esa mañana del miércoles, el mismo presidente de la comisión III, el señor José Lisbert Salgado, creyéndose que lo que habían hecho era una pieza de Derecho Tributario, manifestó sin ningún pudor, que lo realizado por ellos había sido «arduo y extenso». Es más, se atrevió a dejar una constancia donde felicitaba al alcalde Acero por haberle facilitado «los medios para llevar a cabo dicho estudio, en especial a la Dra. Gladys León quien es la Tesorera Municipal y al señor Jairo Canal quienes fueron muy juicios». Como queriéndole insinuar a quienes pagan impuestos que estos funcionarios si se ganan la plata bien ganada, atinó a decir que además de llegar «a la hora indicada», habían resuelto «todas las dudas e inquietudes que surgieron en la Comisión».

Pasado el mediodía del miércoles 13 de diciembre el Concejo Municipal —con la anuencia del alcalde y su equipo— decide, sin que sus miembros se ruboricen para nada, aprobar el Estatuto de Rentas.

Necesario recordarles a los mariquiteños que algunos concejales, sin importarles que lo que se estaba debatiendo era transcendental para quienes pagan impuestos, en un acto de irresponsabilidad, dejaron al garete el debate. Algunos se marcharon y otros se ausentaron importándoles un pito lo que se estaba discutiendo.

La demanda

Retomando el adagio popular que dice que sacado el ojo no hay Santa Lucía que valga, los mariquiteños recibían el Año Nuevo 2009 con un nuevo Estatuto de Rentas. Pero como no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, el experto tributarista Raúl Amaya, ni corto ni perezoso, y sabedor de que lo que iba a hacer no tenía pierde, resolvió demandar parcialmente el Estatuto.

Según palabras del mismo Raúl Amaya, lo demandó porque, por un lado, golpeaba los bolsillos de todos los mariquiteños y porque a muchas personas de bajos recursos le iban a quitar el pan y el huevo del desayuno. Y, por otra parte, porque era la oportunidad para demostrarle a la Administración Acero y a su equipo, que lo que estaban haciendo era un monumento a la torpeza y a la chambonería.

Enterados los mariquiteños de que el Estatuto de Rentas había sido demandado, muchos manifestaban cómo era posible que un Juan Carlos Acero que se había manifestado en la campaña electoral como un individuo que iba dizque a manejar el municipio con rectitud y transparencia, estuviera ensañándose contra el pueblo a punta de tributos.
Tributos por fuera de la ley

El 9 de octubre de 2009, diez meses después de haber demandado el Estatuto de Rentas, el alto Tribunal Administrativo del Tolima le daba la razón a Raúl Amaya.

Lo grave y bochornoso del asunto era que el alcalde y su equipo habían inventado el cobro de unos tributos que en ninguna ley existen. Pues sin desfachatez alguna habían introducido artículos donde se cobra por estacionamiento de vehículos; por asignarle una nomenclatura a un bien inmueble; por abrir un local en horas de la noche; por expedir un certificado ya sea comercial, industrial o de servicios; por expedir un certificado del estrato de la casa o por solicitar la expedición de un certificado de nomenclatura, entre otros.

Pareciéndole al alcalde que los tributos que le iba a cobrar a los mariquiteños eran muy pocos, acolitó el rocambolesco artículo 187 que señala que “las demás certificaciones, constancias o autorizaciones expedidas por la Secretaría de Planeación, causaran derechos equivalentes al resultado de la siguiente fórmula: SMDLV*F.S.”. Nadie sabe qué significa dicha fórmula. La intención del artículo, y que lo debe tener en claro el mariquiteño común y silvestre, es que cualquiera que se acerque a la Secretaría de Planeación a solicitar cualquier insignificante papel tendrá que mandarse la mano al bolsillo.

Pero el colmo de los colmos está en un artículo que es todo un hazmerreir; además de atentar de lleno contra el salario de la gente. Es el artículo 199 que trata de derechos de publicación en la Gaceta Municipal. Se señala que por publicar un acta de posesión se debe pagar el 50% del salario mínimo. Y si se quiere publicar un edicto otro 50% del salario mínimo.

La sentencia del Tribunal

La sentencia del Tribunal señala que el Concejo Municipal y el alcalde lo que hicieron fue crear en el Estatuto de Rentas «una multiplicidad de tributos, algunos de ellos inconstitucionales e ilegales». En otros apartes de la sentencia se señala enfáticamente que los tributos creados «no existen en la legislación colombiana» como los del servicio nocturno, las certificaciones y los paz y salvos.

En términos generales, lo que ha señalado el Tribunal es que los entes territoriales, como los municipios, aunque «poseen autonomía fiscal limitada» tienen que subordinarse a lo que le señala la ley. La sentencia les señala al alcalde y al Concejo Municipal que solo pueden votar tributos siempre y cuando «estén creados por el Congreso de la República”.

En fin, lo que dice el experto tributarista Raúl Amaya —pues lo demandó parcialmente— es que el Estatuto en su mayoría está viciado por ilegalidad. El problema con este Estatuto es que es una mala copia del Estatuto de Armenia del año 2005. Ni siquiera tuvieron la molestia de leer el articulado, sino que con algunos pésimos retoques lo adoptaron tal cual.

La reacción de la gente

Lo que más preocupa a los mariquiteños es que el alcalde, junto a su equipo de gobierno y sus asesores, en vez de reconocer el error y acatar el fallo del Tribunal lo que han hecho es apelarlo ante el Consejo de Estado. La señora Rita que vive de vender frutas y huevos criollos ve en esta acción «la prepotencia del alcalde». El señor Jota dice que si el alcalde apeló el fallo es «porque quiere seguir cobrándole al pueblo algo que es ilegal». El señor Santos que vive de vender frutas dice que «lo mejor no es pagar hasta que el Consejo de Estado resuelva la apelación».

Respecto a la apelación, el experto tributarista Raúl Amaya dice que es muy bueno ya que tendría que aplicarse a nivel nacional. Dice que muchos alcaldes en Colombia lo que han hecho es aplicar Estatutos de Rentas desconociendo si están acorde con las leyes. Un ejemplo, es el vecino municipio de Falán que también adoptó el Estatuto de Rentas de Armenia

Aunque la gente tiene enojo de que le sigan cobrando tributos ilegales e inconstitucionales, el tributarista Amaya ha señalado que cuando él puso la demanda también había solicitado la suspensión del cobro. Fallo este que está a la espera y que, lo más seguro, será otra de las derrotas que ha de sufrir la Administración Municipal.

Un experto en derecho penal ha señalado que si el alcalde no tiene la valentía de enmendar su error, lo más seguro es que cualquier individuo lo podría demandar ya sea por la vía penal o disciplinaría. Ya que él tiene la obligación de devolver esos tributos, pues los ha recaudado violando la ley. Como lo recalcó el penalista: «todo por no darle la razón a la justicia».

No obstante, la gente se está preguntado qué está pasando con la Administración Municipal que no ha salido a poner la cara. Se ha quedado callada y alguno que otro funcionario ha salido a la emisora más que aclarar a confundir. La gente también se está quejando por qué Radio Lumbí no ha difundido la sentencia como debería de ser.

A la gente también le está fastidiando la manera como derrocha a veinte manos los dineros de los contribuyentes. Dicen que el municipio tiene seis abogados y cinco contadores, y que cuatro de ellos (dos en cada profesión) son expertos en Derecho Tributario. Lo que le choca y le fastidia a la gente es que de los seis abogados, algunos de ellos, —parecen que son tres— le hacen asesoría al municipio y que cobran, según parece, la bobadita de 98 millones de pesos anuales.

Algunos creen que esta asesoría es un despilfarro de dinero. Juan, un hombre bonachón y humilde de Mariquita, ha dicho que para qué asesoría. Acaso el señor alcalde en su campaña no había dicho dizque era un experto en administración municipal; que había sido asesor de cuanto municipio del Tolima y de Colombia había.

Juan sabe que el alcalde no ha cumplido, ni cumplirá lo que prometió en la campaña. Él cree que el alcalde ya enterró su futuro político. «Ya llegará el día en que lo derrotaremos en las urnas», dijo. No obstante, lo que lo ha hecho sentir más triste los últimos días es que ha escuchado decir que el presupuesto municipal del año 2009 ya fue ejecutado. Y se pregunta: ¿dónde están las obras? ¿Qué se ha hecho la plata de los impuestos de la gente?