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miércoles, julio 22, 2009

Saltimbanquis de la democracia

Armando Moreno

Publicado en El Puente, Honda, año 10, No 119, abril de 2009, p. 3

La Ruta Mutis y su Bicentenario parece ya cosa del olvido. Esta efemérides que hubiese servido para catapultar a un municipio como Mariquita que ha estado en la boca de todo el mundo —no por lo bueno que se hace sino por todo lo malo que ocurre— la actual alcaldía prefirió pasar de agache. Se perdió la oportunidad de que hubiese servido de vitrina para brindarle al mundo una cara distinta a Mariquita.

En cambio, desde hace un tiempo, a Mariquita, se le ha venido conociendo por sus malos manejos administrativos. Sería injusto desconocer la buena voluntad que tuvieron unos pocos alcaldes por sacar adelante a Mariquita. Said Halima, hoy olvidado por los escándalos, cuando terminó su alcaldía había dejado una deuda cercana a los 150 millones de pesos. De ese tiempo para acá, los alcaldes que lo sucedieron en un lapso de menos de 12 años se dieron a la desfachatez de endeudar al municipio en más de 10 mil millones de pesos. Ésta deuda hasta hace poco por cuenta de quienes pagan impuestos se canceló, y de esa cifra tan abultada no existe ni siquiera un andén bien hecho. La gente se pregunta: cómo es posible que quienes llegan a manejar el presupuesto del municipio terminen haciendo semejante salvajada en detrimento de las necesidades básicas que un pueblo necesita.

Pero la cachetada más vulgar que recibió la sociedad que vive en Mariquita es, sin duda, el escándalo del frigorífico. Haciendo honor al adagio popular «que cuando el río suena es porque piedras lleva», la gente no se equivocó con el comentario que hacía en todos los rincones del municipio: que algunos concejales no eran de fiar. Si bien lo que dicen que estaban haciendo se conoce en lenguaje jurídico como concusión, el pueblo sabe que estas actuaciones también las hacen los delincuentes, los timadores, los embaucadores, la gentuza sin escrúpulos y lo que planean ciertos matones a altas horas de la noche.

El inglés Adam Smith en su libro la Riqueza de las Naciones —y que data del año 1777— señalaba que una máxima vil de quienes detentan algún poder es pensar siempre en su propio beneficio y nada en los demás. Esta vileza aunque ya ha sido derrotada en las sociedades modernas, más de dos siglos después en estas sociedades que siguen siendo burladas por el poder, se niega a desaparecer.

Si la desgracia de estas sociedades radica en que sus líderes surgen por necesidades estomacales —o como dicen algunos: que quieren venderse por un plato de lentejas— no por ello se debe abandonar la idea de que lo más sano que ha creado la sociedad para gobernarse es la democracia. Si la sociedad se equivoca, un deber de todo ciudadano es denunciar a los saltimbanquis de la democracia.

La afrenta que recibió el pueblo por parte de los concejales implicados en el bochornoso escándalo del frigorífico fue rechazada con manifestaciones de repudio, abucheo, burla y rechifla. Valga señalar que la indignación no solo fue desde el día en que desfilaron esposados. Sino que esta se sentía desde el día que se corrió el rumor que algunos concejales en vez de servirle al pueblo estaban pensando en su propio bolsillo.

No obstante, como en la fabula rusa, los cazadores están siendo cazados. Como en todo escándalo es normal que se susciten los pros y los contras. Sabemos que cualquier Estado de Derecho que se nutre de filosofías liberales todo ciudadano tiene derecho a su defensa. Esta es la razón del por qué los concejales están pasando de acusados a acusadores. Como estas maromas son permitidas en el Estado de Derecho, es comprensible que la sociedad al no comprenderlas se indigne.

También a la sociedad le produce rabia cuando un juez suelta a un delincuente que todo mundo conoce, pero lo que la gente no comprende es que si lo suelta la culpa no es de él sino de un sistema acusatorio que está impregnado de excesiva filosofía liberal. Es por ello que, sin esperar el fallo de la justicia, algunos ya han tomado partido y han hecho correr el rumor que los sobornados (quienes acusaron a los concejales de concusión) son los que deben podrirse en la cárcel.

Más allá de que los concejales implicados se salgan con la suya, lo que la sociedad debe preguntarse es sí lo que ellos están haciendo jurídicamente es justo o moral.

Ya sea que la justicia los condene o no, el problema aquí es preguntarnos qué clase de democracia es la que está construyendo esta sociedad. La democracia es ante todo respeto para con sus ciudadanos. Es por ello que en las sociedades modernas cuando las actuaciones de un funcionario público están en entredicho la duda es zanjada con la renuncia.

Los concejales que están en entredicho deben entender que son servidores públicos y que han prestado su nombre para servirle a la comunidad. Así el Estado de Derecho los exima de toda culpa sus actuaciones ya son dudosas. Estos concejales de dudosa reputación no deben caer en la desfachatez de que lo mejor es esperar hasta que la justicia se pronuncie. Simplemente tienen que entender que lo más sano es renunciar.

La cuestión tampoco se salda con el hazmerreir de una cuña por radio con el mensaje pérfido e hipócrita de que en vez de indignación y rabia, lo que la sociedad mariquiteña manifestó fueron condolencias, lágrimas y dolor. A los progenitores que quieren ser portadores de la moral es bueno recordarles que los hijos recorren sus propios caminos. La Biblia tiene muchos pasajes al respecto. Jesucristo es un buen ejemplo de ello. Otra cosa es que escojan el camino menos indicado.

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