El tsunami del coronavirus y la era digital

Armando Moreno Sandoval 

En pleno tsunami pandémico por el coronavirus, cualquiera creería que serían los entes territoriales del Estado los que darían ejemplo en usar medios digitales. La circular No 14-2020   de la Procuraduría Provincial con sede en Honda (Tolima) insta a los concejos municipales a utilizar, entre otras herramientas, reuniones virtuales.

La propaganda mediática del alcalde de Mariquita (Tolima) Juan Carlos Castaño y del presidente del concejo Guillermo Angarita Gonzáles parecen no concordar con la realidad. Han conminado a concejales a sesiones extraordinarias, y quién con lo creyera, de cuerpo entero.

Mientras el gobierno central insta a los ciudadanos a quedarse en casa y acatar la ley, el alcalde y el presidente del concejo parece estar incumpliéndola al exigirles a los concejales todo lo contrario.

Uno se pregunta qué pasa con las herramientas digitales, pues creería que las reuniones de los entes del Estado podrían llevarse por face live, google meet, entre otras. Todo parece que estas herramientas no están en la cabeza de los funcionarios del Estado.

Parecería que no comprendieran lo que está pasando pues el alcalde los está convocando para sesionar asuntos de poca monta que, por la situación actual de la pandemia, poco sentido común tiene.

Entre los acuerdos a tratar, y supongo que a votar, está la siempre cacareada reestructuración de la planta personal y administrativa que todo alcalde se empeña en implementar para pagarle favores a los suyos. Otro tiene que ver con el auxilio de transporte a los concejales que viven en el campo. El otro, y que es polémico, tiene que ver con el sueldo del gerente del hospital que, al parecer, dobla al del alcalde. La propuesta es bajárselo pero, hay quienes afirman que esos asuntos no son competencia del alcalde, puesto que los hospitales, al tener junta directiva, son entes autónomos. Afirman que es la junta en su sabio saber, o en su desastroso entender, la que decide el sueldo del gerente.

Cualquier colombiano que sepa leer cuatro letras podría concluir que los acuerdos, por ahora, no son prioritarios. Como lo ha dicho el gobierno central, los entes territoriales deberían estar trazando políticas de contingencia para atacar el virus o en su defecto cómo hacer que la cuarentena sea más llevadera.

Ya sea que el coronavirus ceda o no, los alcaldes y los concejos municipales deberían estar pensando en un plan B para después del 13 de abril. El alcalde y el concejo no deben esperar qué les va decir el gobernador de cada departamento o el presidente de la república. Que no se conviertan en convidados de piedra como lo han hecho hasta ahora. Lo más indicado sería que hicieran propuestas.

Hay dos verdades irrefutables:

1) No se sabe cuántos contagiados de coronavirus habrán en Colombia. La razón, los kits para detectar el virus no van a estar en todos los rincones de Colombia. Y lo peor que solo piensan instalarlos en algunas capitales. Un ejemplo es el Tolima que el Instituto Nacional de Salud. Es urgente que los alcaldes y gobernadores en vez de estar como plañideras, le exijan al gobierno de Iván Duque un laboratorio por municipio, pues sería lo más indicado para prevenir el contagio del virus.

2.- Lo otro cierto es que la vacuna solo estaría listadentro de un año o año y medio. Lo que no se le ha contado a la gente del común es que si esta falla en la experimentación con humanos, no queda otro remedio que volver a empezar con una nueva propuesta de vacuna.

Este escenario que deberían estar pensando los alcaldes parece que no les preocupa. Colombia es un país que tiene las desigualdades sociales más altas de Latinoamérica y del mundo, y nadie sabe cómo va a reaccionar la gente. También es cierto que nuestro país el trabajo productivo es precario, somos un país que vivimos de servicios y del rebusque. Ni siquiera somos capaces de impulsar microempresas que son las que generan el mayor empleo en el mundo.

Por tanto, es urgente que las alcaldías se asesoren y piensen en política social y no punitiva. La multa y la cárcel es una mirada reduccionista para solucionar problemas sociales ocasionados por la falta de empleo, la precarización laboral, la indigencia y el hambre.