La Universidad Pública

La sociedad colombiana por lo general no le interesa qué pasa con la educación de sus hijos. Ni tampoco está interesada si sus hijos salen bien preparados para enfrentar los retos de la sociedad. Si estas cuestiones tan elementales no están entre sus prioridades, mucho menos va a interesarle lo que significa un currículo o un plan de estudios, o, la diferencia que existe entre un Departamento y una Facultad en una Universidad.

No obstante, cuando las comunidades académicas protestan porque el Estado a la Universidad Pública no le está asignando los recursos suficientes para su funcionamiento, por lo general, la sociedad entiende que lo que están reclamando es alza de salarios. A veces la gente se pregunta, y con razón, pues no tiene por qué saberlo, por que el sector de la educación protesta tanto.

Acaso, de nuevo se preguntan, si con lo que gana un profesor universitario no le alcanza para vivir. Algunos otros de una manera arrogante e ignorante parten de la idea que el reclamo del profesor es injusto si se le compara con el resto de la sociedad.

Pues bien. En este orden de ideas a la conclusión que se puede llegar es que cuando la sociedad piensa sobre la universidad el referente que se hace es el de un profesor dictando clase. Desgraciadamente gran parte de nuestra sociedad aun no está familiarizada con el papel que debe desempeñar la universidad.

Las protestas de estos días por parte de estudiantes, profesores y directivos universitarios no radican en un alza de salarios como, tal vez, algunos creen. El problema viene con la Constitución de 1991 que creó la ley 30 de 1992 que regula la Educación Superior. Desde ese tiempo para acá el Estado colombiano le dijo a la Universidad Pública que tenía que modernizarse y ponerse a tono con la globalización y los cambios del siglo XXI.

Esta orden fue acatada por la Universidad Pública y en un lapso de 17 años esta se puso a tono con las exigencias del Estado. En primer lugar, se incrementó el número de estudiantes matriculados pasando de un 33% a un 55%, tan así, que hoy en día, la Universidad Pública copa el 88% del estudiantado universitario. Otro aspecto de la Universidad Pública es que esta prácticamente está llevando la batuta en la investigación científica y tecnológica. Este punto es interesante porque la sociedad debe entender que un profesor universitario no está contratado solamente para dar clase, sino que dentro de su jornada laboral debe dedicarse también a la investigación, es decir, a generar conocimiento científico y tecnológico.

Otro punto clave, y que la sociedad debe entender, es la calidad de su profesorado. En este lapso de tiempo gran parte de quienes enseñan e investigan en la Universidad Pública tienen título de doctor, ya que dicho título lo único que sirve es para acreditarlo ante las comunidades científicas como investigador científico. Que la Universidad tenga entre su profesorado títulos con doctor es una garantía de calidad para sus egresados, pues este no solo estaría capacitado para desempeñarse en el campo laboral, sino también como investigador científico.

No obstante, con estos logros, la Universidad Pública sigue funcionando con los recursos que el Estado le asignó hace más de 10 años. Un informe de la Procuraduría señaló que las transferencias del Estado a las Universidades Públicas han disminuido de $ 1.73 millones en el 2000 a aproximadamente $ 1.6 millones del 2009. A estas sumas, el Ministerio de Educación, en un tono de populismo, responde que las partidas se han incrementado en un 17% entre el 2003 y el 2009. Pero lo que no dice el Ministerio de Educación es que a ese incremento se le debe incluir la inflación, que hace que el peso colombiano pierda cada día poder adquisitivo.

La presión de diversos sectores de la sociedad obligó al Congreso el pasado martes 20 de octubre a incrementar el rubro para la Universidad Pública en cerca de 160 mil millones de pesos. Aunque la cifra parece abultada es insuficiente, pues con este incremento la Universidad seguiría funcionando al debe.

El compromiso del Estado para con la educación pública es una deuda que aún está pendiente. Valga recordar que cuando el expresidente César Gaviria sancionó la Constitución de 1991, en su discurso señaló que en esa gran reforma que se le había hecho al Estado había algo que quedaba pendiente: la educación en todos sus niveles. Achacaba que por culpa de la guerra, el Estado colombiano no podía fijarse en la educación.

A excepción de los EEUU que creó un modelo de educación superior diferente, pues allí además del Estado las multinacionales se meten la mano al bolsillo y le aportan dinero a las universidades, en el resto del mundo la educación sigue siendo financiada por el Estado.
Colombia a nivel de Latinoamérica está rezagada. Mientras que en todos los países de América Latina le asignan el 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación superior, Colombia solo le asigna el 0.4% del PIB.

Podríamos concluir diciendo que pese a los avances que ha tenido la Educación Pública todavía la educación se encuentra al garete. En el Congreso no hay quien discuta de política educativa. Esta es la explicación del por qué aún en el concierto internacional Colombia por lo general siempre ocupa los últimos puestos. No obstante, la sociedad poco le interesa cómo debe ser la educación de sus hijos.

Lo triste es que sigue habiendo plata para la guerra, pero poco para la educación.