Armando Moreno Sandoval
En pleno tsunami pandémico por el coronavirus, cualquiera
creería que serían los entes territoriales del Estado los que darían ejemplo en
usar medios digitales. La circular No 14-2020
de la Procuraduría Provincial con sede en Honda (Tolima) insta a los
concejos municipales a utilizar, entre otras herramientas, reuniones virtuales.
La propaganda mediática del alcalde de Mariquita (Tolima)
Juan Carlos Castaño y del presidente del concejo Guillermo Angarita Gonzáles
parecen no concordar con la realidad. Han conminado a concejales a sesiones
extraordinarias, y quién con lo creyera, de cuerpo entero.
Mientras el gobierno central insta a los ciudadanos a
quedarse en casa y acatar la ley, el alcalde y el presidente del concejo parece
estar incumpliéndola al exigirles a los concejales todo lo contrario.
Uno se pregunta qué pasa con las herramientas digitales,
pues creería que las reuniones de los entes del Estado podrían llevarse por face live, google meet, entre otras.
Todo parece que estas herramientas no están en la cabeza de los funcionarios
del Estado.
Parecería que no comprendieran lo que está pasando pues el
alcalde los está convocando para sesionar asuntos de poca monta que, por la
situación actual de la pandemia, poco sentido común tiene.
Entre los acuerdos a tratar, y supongo que a votar, está la
siempre cacareada reestructuración de la planta personal y administrativa que
todo alcalde se empeña en implementar para pagarle favores a los suyos. Otro
tiene que ver con el auxilio de transporte a los concejales que viven en el
campo. El otro, y que es polémico, tiene que ver con el sueldo del gerente del
hospital que, al parecer, dobla al del alcalde. La propuesta es bajárselo pero,
hay quienes afirman que esos asuntos no son competencia del alcalde, puesto que
los hospitales, al tener junta directiva, son entes autónomos. Afirman que es
la junta en su sabio saber, o en su desastroso entender, la que decide el
sueldo del gerente.
Cualquier colombiano que sepa leer cuatro letras podría
concluir que los acuerdos, por ahora, no son prioritarios. Como lo ha dicho el
gobierno central, los entes territoriales deberían estar trazando políticas de
contingencia para atacar el virus o en su defecto cómo hacer que la cuarentena
sea más llevadera.
Ya sea que el coronavirus ceda o no, los alcaldes y los
concejos municipales deberían estar pensando en un plan B para después del 13
de abril. El alcalde y el concejo no deben esperar qué les va decir el
gobernador de cada departamento o el presidente de la república. Que no se
conviertan en convidados de piedra como lo han hecho hasta ahora. Lo más
indicado sería que hicieran propuestas.
Hay dos verdades irrefutables:
1) No se sabe cuántos contagiados de coronavirus habrán en
Colombia. La razón, los kits para detectar el virus no van a estar en todos los
rincones de Colombia. Y lo peor que solo piensan instalarlos en algunas
capitales. Un ejemplo es el Tolima que el Instituto Nacional de Salud. Es
urgente que los alcaldes y gobernadores en vez de estar como plañideras, le
exijan al gobierno de Iván Duque un laboratorio por municipio, pues sería lo
más indicado para prevenir el contagio del virus.
2.- Lo otro cierto es que la vacuna solo estaría listadentro de un año o año y medio. Lo que no se le ha contado a la gente del común
es que si esta falla en la experimentación con humanos, no queda otro remedio
que volver a empezar con una nueva propuesta de vacuna.
Este escenario que deberían estar pensando los alcaldes
parece que no les preocupa. Colombia es un país que tiene las desigualdades
sociales más altas de Latinoamérica y del mundo, y nadie sabe cómo va a
reaccionar la gente. También es cierto que nuestro país el trabajo productivo
es precario, somos un país que vivimos de servicios y del rebusque. Ni siquiera
somos capaces de impulsar microempresas que son las que generan el mayor empleo
en el mundo.
Por tanto, es urgente que las alcaldías se asesoren y
piensen en política social y no punitiva. La multa y la cárcel es una mirada reduccionista para solucionar problemas sociales ocasionados por la falta de
empleo, la precarización laboral, la indigencia y el hambre.
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