Violencia intrafamiliar, asunto público

Armando Moreno

Ante la ola de violencia de género y la irresponsabilidad de los progenitores para con los hijos, el Congreso de Colombia aprobó un proyecto que impide la conciliación en casos de agresión intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

Aunque la violencia intrafamiliar se ha considerado como un asunto privado, "de puertas para adentro", con esta ley será un asunto público. Pues los estudios sociológicos han demostrado que es "el peor enemigo que tiene nuestro país”.

Muchas voces pedían que se pusiera coto a esta situación. Una voz que siempre salía a flote en los corrillos era que la mujer por lo general no demandaba al hombre porque éste siempre la amenazaba con la “violencia económica”. Esto es de que las humillaban con el cuento de que si lo denunciaban no le daban dinero.

Otro punto interesante de la ley es que le quita la condición de querellables a la violencia intrafamiliar y a la inasistencia alimentaria. Es decir, ya no van a ser conciliables. Y, por otra parte, vinculan a la ciudadanía de que si es conocedora de algún tipo de violencia intrafamiliar o de inasistencia alimentaria puede ir a la fiscalía, a la comisaría de familia o a un juez municipal a denunciar.

La denuncia la puede hacer cualquier ciudadano, ya sea vecino, compañero de trabajo, amigo, etc, etc. Puesta la denuncia obliga a la autoridad a iniciar la investigación hasta el fin del proceso.

También, según lo aprobado, las mujeres ya no podrán retirar las demandas por alimentos, o por agresión, que interpongan contra los padres de sus hijos. Con este punto se quiere quitar el tatequieto de que muchas mujeres, como por ejemplo, después de haber sido golpeadas, por presiones de la familia o del conyugue mismo terminaban retirando la demanda dejando otra vez con las manos limpias al agresor.

O como ha sucedido que la víctima después de haber sido agredida físicamente, sicológica y sexualmente, con palabras dulces y baboserías de telenovelas terminan retirándole la demanda al agresor. En fin, lo que se busca es cortar de tajo con el círculo vicioso de golpiza-perdón-golpiza.

En una demanda por inasistencia alimentaria, y si el progenitor es hallado culpable, tendrán que pagar una pena entre uno y cuatro años de prisión. Esta misma pena aplicaría para los casos de violencia intrafamiliar.

Esta iniciativa fue impulsada por la bancada de mujeres en el Congreso, reforma el Código de Procedimiento Penal y obliga a las autoridades a investigar, de oficio, los casos que se conozcan de estas dos conductas.

A pesar de que los estudios indican que el 75% de las agresiones intrafamiliares las principales víctimas son las mujeres, los niños y los adolescentes, la ley también ha generado cierto inconformismo.

Algunos consideran que las normas que encierra esta ley son segregacionistas y anticonstitucionales pues se viola el "derecho a la igualdad". El argumento es que hay muchas mujeres que también son irresponsables y evaden sus obligaciones económicas y sociales como madres. En este contexto cabría el caso del reciente suicidio en Mariquita de Brillith Lorena González, la niña de 14 años. Valdría preguntarnos más allá de los golpes de pecho qué clase de progenitores tiene esta sociedad. O para ser más radicales cuál es la sociedad que tenemos cuando en el transcurso del año 2012 esta misma sociedad que llora y patalea ha dado muerte salvajemente a 1.056 menores de edad.

Señalan que la ley no tiene claro aquellos casos en los que los derechos alimentarios son evadidos por las mamás. Y si ello es así, es muy posible que terminen algunos hombres recibiendo un trato discriminatorio ante las decisiones de los juzgados que favorecen a las madres infractoras.

A quienes argumentan que no es cierto que la víctima siempre sea la mujer. Piden que no se desequilibre la ley favoreciendo a un solo género. Advierten que podría utilizarse mal como, por ejemplo, cuando hacen falsas denuncias. Pues hay quienes creen que con estas disposiciones, y con la rapidez de la justicia colombiana, van a encarcelar a muchos inocentes por retaliaciones.

“Esto es un asunto serio con el que muchas mujeres van a manipular a sus parejas”, dice Herminto.

De todos modos la mayor parte de las observaciones la han puesto los hombres, sobre todo aquellos que han tenido problemas con sus parejas y con los jueces que con sus fallos terminan favoreciendo a la mujer.

Un ejemplo es la voz de Herminto. Dice él: “por mi lado la madre de mi hijo no aporta nada, ni alimentos, ni cuota de alimentación, ni ropa, ni educación. Pero eso sí, quiere que le lleve el niño cada vez que se le da la gana y me amenaza con el ICBF y demandas si no le llevo el niño, pues vive en otra población. Pues ni lo va a ver. Le pedí ir a hacer papeles para que el niño quede en mi patria potestad y no le gusta. Fue al ICBF y a la fiscalía donde dice que por su situación debo llevarle el niño y lo peor de todo le dan la razón por ser mujer. Pero yo como padre responsable a veces me quedo sin dinero por pagar todas las cosas de mi hijo pero eso sí tengo que subsidiarle hasta los pasajes!!!! país de mierdaaaa…!”.

Como todo fallo por muy objetivo que parezca siempre está cargado de subjetividad, en el trámite de la ley el representante Germán Navas, previendo las injusticias en que podría incurrir la aplicación de la ley, agregó una proposición según la cual la decisión del juez de ejecución de penas "deberá ser precedida de un concepto técnico de un equipo interdisciplinario de Medicina Legal”.

Tocará esperar lo que diga el tiempo…es decir, si lo que pensó el legislador tuvo sus efectos esperados. 

"LTI: La lengua del III Reich. Apuntes de un filólogo"

"LTI: La lengua del III Reich" del filólogo judío Víctor Klemperer (1881-1960).

Klemperer vivió en carne propia el oprobio del régimen nazi y pudo sobrevivir a la política antisemita por ser esposo de una mujer "aria".

Durante el régimen nazi llevó un diario en el que registró meticulosamente los cambios en la lengua, las manifestaciones del discurso totalitario,  y que luego utilizaría como fuentes para el libro que luego escribiría.

Caratula de edición colombiana

En palabras de Juan David Zuloaga quien comentó el libro en El Espectador, el 15 y 29 de agosto de 2012, en los artículos titulados La lengua del III Reich señala: "El libro describe con descarnada lucidez y con trágico patetismo el alma de un pueblo que durante más de una década fue presa de la locura", es decir, de la terrible opresión del régimen nacionalistasocialista.

Klemperer explica cómo un lenguaje totalitario  se introdujo en la carne y en la sangre de la población alemana.  Para el autor, "las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico: uno las traga sin darse cuenta, parece no surtir efecto alguno, y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico”.

Klemperer ilustra cómo se impone a través del lenguaje una forma de pensar y de sentir hasta hacerse propias de toda la sociedad.

La publicación de este libro en Colombia —desgraciadamente ha sido invisibilizado, pues ha sido opacado por quienes se sirven del lenguaje para oprimir— es un abrebocas para comprender el embrujo que hoy en día padecen buena parte de los colombianos que siguen presos del lenguaje fascista, totalitario y guerrerista.

Armero: capital algodonera de Colombia

Panorámica de Armero

Esta revista Armero (Tolima). Ciudad algodonera de Colombia. Agosto 7 de 1955  salió publicada cuando el general Gustavo Rojas Pinilla estaba  al frente de los destinos de Colombia. Siete años atrás había sido asesinado Jorge Eliécer Gaitán y se daba inicio a lo que se ha conocido como la Violencia.

Un día después del asesinato de Gaitán, el 10 de abril de 1948, en el parque de Los Fundadores, una turba daba muerte al sacerdote Pedro María Ramírez, conocido como el "Padre Peter".

Banco del Comercio

No obstante, pese a la Violencia que se desató entre Liberales y Conservadores, Armero había seguido con su pujanza agroinduindustrial. La revista antes citada da fe de ese empuje que no tuvo parangón en el norte del Tolima. Era la fuerza centrífuga que jalonaba la región.

Con la erupción del volcán nevado del Ruiz en 1995, hubo muchos errores crasos. La sociedad sobreviviente armerita fue dispersa por todo Colombia. Se privilegió en ese entonces el ladrillo olvidándose de la gente.

Honda: el río Gualí y los muros de contención

Una obra que se había presupuestado inicialmente por 16 mil millones de pesos terminó costándole al bolsillo de los contribuyentes colombianos la bobadita de 26 mil millones. La abultada cifra, y con razón, ha asustado a los hondanos.  Una gran mayoría teme que el escandaloso caso de los Nule en Bogotá llegue también a Honda.

Que los hondanos tengan dudas y sospechas es lo mínimo que se les podría pedir. Con un Estado como el colombiano que quien roba una gallina está en la cárcel, mientras los ladrones de cuello blanco que asaltan a diario el dinero de los contribuyentes negocian sus penas, todo se puede esperar.

Camilo Torres el ingeniero que trabaja para el Consorcio Control Presas Honda ha dicho tajantemente que la empresa no tiene nada que ver con los Nule. Que lo que existe es una mala información y, a decir del ingeniero, lo que sí existe es personal que alguna vez  trabajó con los Nule. Cree él que el comentario de vincularla con los Nule tal vez puede venir por aquello que la empresa que ganó la licitación, Consorcio JPG SA, tiene su sede matriz en Barranquilla, pero de que sea de los Nule no es cierto.

A los hondanos también les molesta que la mano de obra no sea de la región. El decir en la calle, o en los cafés, es que casi todo el personal fue traído de afuera. Se pregunta la gente cómo es posible que habiendo tanto desempleo no se hubiese tenido en cuenta a los hondanos y a la región. Aunque lo dicho pareciera ser cierto, la empresa tiene una respuesta más que tajante aclaratoria.

El ingeniero Torres aduce que la empresa lo que trajo fue el personal técnico que carecía la región. Ya que la empresa lo que le interesa es que la obra esté monitoreada por gente con suficientes conocimientos técnicos y no, como suele suceder a veces, que individuos sin tener el perfil profesional adecuado abordan obras que no son de su conocimiento.

Para empezar, el ingeniero Torres aclara que lo que se va a construir por el río Gualí desde La Piragua hasta su desembocadura en el Magdalena no son presas, sino muros. Cuando se le pregunta que aclare la diferencia entre presas y muros, responde que cuando se trata de presas es porque se va a contener o a controlar algo. Pero como en este caso no se va hacer lo uno, ni lo otro, lo que se va a construir son muros cuya función es regular las crecientes del río Gualí.  Así de simple.

En todo caso, más allá de que el proyecto inicial fuera retocado y que se le haya tenido que adicionar 10 mil millones pesos, lo que los hondanos podrán ver a finales del 2013 es que el cauce del Gualí va a estar atravesado por 7 muros que, incluso, ni siquiera se podrán ver. Y no es un muro cualquiera. En algunos tramos del río el muro atravesado podrá tener de largo entre 60 y 100 metros, de ancho unos 8 metros y de profundidad entre 5 y 8 metros.

Otro dato que tendrá que alegrar a los hondanos y a Colombia entera es que la Plaza de Mercado va a tener un muro más largo de lo que inicialmente se había contemplado.

Con estos argumentos que da la empresa el hondano podría pensar que por fin el eterno problema del río Gualí va a tener solución. Pero el ingeniero Torres advierte que la tal alegría podría ser pasajera.

Los argumentos que señala el ingeniero es que el río Gualí es un río caprichoso. Es un río con unas características especiales como, por ejemplo, que por venir en pendiente, en épocas de alta pluviosidad desarrolla velocidades que va a arrasando con todo lo que encuentra a su paso, amén de la erosión que ocasiona a lo largo y ancho del río.

Con esta información técnica el lector común y corriente puede llegar a la conclusión que eso fue lo que pasó exactamente en la avalancha del río del 6 de noviembre de 2010, y las que las ha venido sucediendo posteriormente cada vez que hay torrenciales aguaceros. Estas circunstancias obligan a pensar que lo que se va a hacer en el presente tiene que ser monitoreado hacia el futuro. Pues para proteger a Honda se necesitaría unos 40 muros más y otro tanto de muros laterales.

En todo caso, así sea con demora, la obra ya está andando. Y como dice el adagio popular que “pueblo chiquito, infierno grande”, el rumor y el chisme no han de parar.

A los comentarios de que algunos funcionarios del municipio estén cobrando “coima” el ingeniero de la empresa suelta una risotada. Dice que no hay porque hacerlo si todo está sobre la mesa. “Todo está limpio”, dice.

Incluso cuenta que el procurador les hizo una visita y vio que todo estaba bien soportado. Transparencia que está soportado con las innumerables socializaciones que le hicieron al proyecto.

Ante la queja por salarios, señala el ingeniero que la empresa no puede escapar a uno que otro inconveniente. Pero que se le les adeude un peso a algún empleado o que se le pague incumplidamente eso no está entre la política de la empresa. Reconoce que si existe una crítica sería por la forma de pago que no es quincenal, sino mensual. No obstante, señala que ello se hace por cuestiones de eficiencia administrativa.

El ingeniero lamenta que el pasado periodo de sequía se haya desperdiciado. Removió cielo y tierra para que las obras dieran inicio pero fue imposible. Dice haber llorado en silencio, pero pudo más la paquidermia y las trabas burocráticas del Estado que la angustia de los hondanos de ver cómo el río Gualí podría arrebatarle su pueblo.

El San Juan de Dios de Honda entre la espada y la pared

Desde hace varios años el Hospital San Juan de Dios  de Honda viene afrontando dificultades y sobresaltos por culpa de algunos dirigentes que, habiendo tenido la oportunidad de manejar con profesionalismo los destinos del centro hospitalario, prefirieron dejarlo al garete de una manera irresponsable.

También hay que sumarle la apatía, la falta de compromiso y el poco sentido de pertenencia de algunos funcionarios que,  por desgracia, se ve reflejada en la mala calidad de los servicios y, por ende, en el mal desempeño económico del hospital.

Otra situación delicada que se ha venido ventilando son las constantes quejas de los usuarios. Así como a nivel nacional se han venido denunciando fallecimientos de pacientes por negligencia, como el conocidísimo “paseo de la muerte”, en Honda algunos decesos han sido vistos con malos ojos. Aunque es molesto que la gente entre a dudar y a opinar lo grave es que en caso de demandas, y si se llegara a comprobar la negligencia, podría ocasionarle serios perjuicios financieros a la entidad hospitalaria.

Este círculo vicioso que torpedea la buena marcha del Hospital debe romperse con estrategias claras como nombrar en propiedad al gerente. ¿Con qué fin? para que en principio actúe con firmeza ante quienes no pagan a tiempo las deudas.

Pero un gerente en propiedad no tendría sentido si no asume tareas urgentes como la de reestructurar la planta de personal, pues, como dice el adagio popular,  ni son todos los que están ni están todos los que son. Existen casos concretos de personas que habiendo sido liquidadas e indemnizadas han sido de nuevo enganchadas por la vía de prestación de servicios. A ello le agregamos que varios funcionarios  a diario deambulan por los pasillos en actividades ajenas al hospital, o por fuera de él en horas laborales, descuidando sus funciones pertinentes. Amén del chismorreo poco fino, barato y mal documentado.   Esta situación debería ser investigada por las llamadas ías (fiscalías, contralorías, veedurías, etc.)

El otro rumor que corre por las calles de Honda es que en el hospital existe un matriarcado familiar que hace y deshace con su poder dentro de la institución. Aunque somos partidarios de la participación de género en los entes públicos, lo maluco de un poder en la obscuridad es que éste termina agenciando el despotismo, el compadrazgo y el clientelismo, desvirtuando así la misión y la visión de la institución.

Estos grupúsculos con poder oscuros no son sanos en ninguna sociedad puesto que terminan frenando el desarrollo de las instituciones. Se ha sabido, en  el caso del hospital de Honda, que las mismas personas que han querido imponer al gerente del Hospital han llegado también a tratar de torpedear algunas labores. Un ejemplo de lo dañino que son estos poderes ocultos fue lo que sucedió en el año 2011 cuando se dio la evaluación de servicios para su certificación. Pues, de un momento a otro, y de manera extraña, un valioso equipo  de cardiología que se encontraba en optimas condiciones apareció inhabilitado al parecer por acción de manos “criminales” que previamente habían depositado agua en él dejándolo prácticamente fuera de servicio.

Otro ejemplo de desidia es el mamógrafo que llegó al hospital hace más de 5  años y que no ha funcionado debidamente. La gente se pregunta, y con razón, sí es que hay manos oscuras torpedeando su funcionamiento. Pues la falta de operatividad ha obligado a los potenciales usuarios del norte del Tolima a desplazarse hacia Ibagué, La Dorada, Medellín, Manizales o Bogotá gastando de sus propios bolsillos astronómicas sumas de dinero.

¿De igual manera qué sucede con la planta eléctrica que se adquirió hace más de dos años y aun no se ha puesto en funcionamiento?

Lo otro que tendría que hacer el gerente en propiedad es asumir el conocimiento de los casos de demandas e investigaciones en las cuales el Hospital ha estado atrapado hace rato. Algunas demandas han fallado en contra y se habla de que los casos se han perdido porque el Hospital no ha tenido asistencia jurídica idónea y oportuna. Pero la pregunta que surge es por qué  no se han replicado esos fallos judiciales contra los funcionarios que por sus actitudes la institución se ha visto perjudicada. Esto no es un invento nuestro, pues así lo establece la ley. Preguntamos: ¿Dónde está el Comité de Conciliación que es el primero en conocer de estos casos? ¿Dónde está la Junta Directiva para que pida los informes respectivos?

Bueno también preguntar qué ha pasado con las denuncias instauradas por los presuntos delitos de peculado y prevaricato, ya sea por acción u omisión, contra funcionarios de la institución que han estado, o estuvieron, involucrados en la modalidad de robos continuados, desfalcos e incumplimientos de funciones inherentes a la atención  médica y administrativa.

Ante este panorama poco halagador es perentorio que el nuevo gerente en propiedad se apersone de todas estas anomalías. Hacemos un llamado a los directivos empezando por el señor gobernador y su Secretario Departamental de Salud  para que retomen las riendas y mejoren la situación del Hospital. Que quede claro que la población del norte del Tolima debe tener, como es el caso del San Juan de Dios  de Honda que es una entidad de Segundo Nivel, un hospital digno que preste servicios no solo al norte del Tolima, sino también al Oriente de Caldas y Sur-occidente de Cundinamarca.

No obstante, no todo es malo en el centro asistencial. Es bueno señalar que así como hay funcionarios pésimos, también existen algunos pocos funcionarios administrativos y científicos  comprometidos con la institución.

Aunque un hospital bien manejado puede dar réditos suficientes para su funcionamiento es necesario, ante que todo, reordenar la casa en todos sus aspectos.  Sería genial pensar en la reestructuración de los diferentes comités y en una Junta Directiva del Hospital que esté conformada por miembros idóneos despojados de intereses politiqueros,  mezquinos y personalizados. Que no suceda como en el pasado, que algunos sujetos haciéndose nombrar como directivos llegaban con el único fin de presionar al gerente de turno para ubicar dentro de la entidad a sus familiares y amigos.  E, incluso, llegando al descaro de manipular la  votación para elegir miembros de sus simpatías con el fin de que acolitaran sus intereses personales.

A lo anterior es necesario sumarle la torpeza de algún  alcalde de turno cuando de dar órdenes se trata. Es el caso particular del exalcalde Arce Camacho quien en  una de sus alcaldadas politiqueras determinó que más de 8 mil afiliados del  régimen subsidiado fueran inscritos en la nefasta E.P.S. Caprecom.

Necesario advertir que estas mal llamadas “empresas promotoras de salud” son el origen de todas las desgracias que les suceden a los colombianos en materia de salud. Entidades estas que recibiendo la plata de los usuarios de antemano tiene la desfachatez de no pagarle a las entidades los servicios que le prestan. El hospital de Honda no escapa a estas maniobras de la muerte porque por culpa de estas E. P. S. es que los hospitales languidecen.

Es bueno hacerle saber al norte del Tolima y a Colombia entera que la E. P. S Caprecom le adeuda al San Juan de Dios de Honda más de mil millones de pesos. Situación esta que ha impedido pagarles a los empleados salarios hasta de tres meses vencidos, además de las sumas adeudadas a proveedores y contratistas.

Ante esta situación tan aberrante de la E. P. S. Caprecom es urgente que el actual alcalde Montero tome la decisión de democratizar la afiliación del Régimen Subsidiado. Que haga un ejercicio  buscando qué E. P. S debidamente certificadas son las más cumplidas en el pago de las obligaciones. Lo anterior con el fin de abrir de nuevo la oferta y distribuir en otras E.P.S a los usuarios que actualmente están en la E.P.S. Caprecom.

Una multa por desacato a exalcalde de Mariquita

Armando Moreno

El 2 de febrero de 2012 la sala del Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió una providencia donde señala que la alcaldía de Mariquita incumplió los esfuerzos que tenía que hacer para mejorar el servicio de agua.

Aunque en la providencia deja en firme el desacato en que incurrió el exalcalde Gustavo Acero, es decir, el de haberse hecho el de la vista gorda con las sentencias del 4 de junio de 2004 y el 14 de abril de 2005, interesa que la providencia da elementos de juicio para pensar por qué aun a estas alturas del siglo XXI Mariquita no tiene un suministro de agua constante y decente.

A Colombia y a los mariquiteños les debe interesar que en la sentencia del 4 de junio de 2004,  emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, le ordenaba a las empresas ESPUMA y a URBES “como un paso previo a la instalación de micromedidores”, realizar en forma gradual en un plazo que no excediera a un (1) año la “implementación de los dispositivos tales como un adecuado sistema de macromedidores, ventosas y válvulas de control para verificar y sectorizar las pérdidas y consumos y equipos requeridos para el control y medición del agua por sectores y con cubrimiento de toda la red”.

Mariquita desde el cerro de Santa Catalina

No obstante, el 14 de abril de 2005, la Sección Primera del Consejo de Estado modificaba la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima reformando y confirmando algunos numerales. Entre los numerales reformados hay uno en particular donde le ordena al alcalde de Mariquita, “a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del fallo”, adoptar un plan de acción con su respectivo cronograma para que, en un plazo que no exceda al del periodo del alcalde, ejecute un “proyecto de ampliación y adecuación de las redes de suministro de agua  potable y de la planta de tratamiento del acueducto municipal”. Lo anterior, con el fin de asegurar la continuidad en el suministro del servicio de acueducto a la población.

Las dos sentencias fueron pasadas de agache por la alcaldía de Hernán Cuartas. Tal vez porque nadie se apersonó de ellas o porque el municipio en ese entonces estaba en ley 550.

Como en materia de derecho administrativo la responsabilidad es de quien ejerce el cargo, estando Gustavo Acero en la alcaldía quiso pasarse de listo con las sentencias que obligaban al municipio a ejecutar lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado.

En efecto, durante el primer semestre del 2011 se promovieron dos incidentes de desacato contra el alcalde de Mariquita por incumplimiento de los fallos del 4 de junio de 2004 y 14 de abril de 2005. Uno de ellos lo puso el representante legal de la empresa ESPUMA el 23 de febrero de 2011. El otro la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos de Mariquita el 18 de julio de 2011.

Multa por desacato al exalcalde Acero

Pero lo que no se esperaba el exalcalde Acero era que el Tribunal Administrativo del Tolima en un auto del 25 de julio de 2011 admitía los incidentes de desacato dándole  tres días para que explicara qué había pasado con las ordenes de las sentencias emitidas.

Si bien el 25 de febrero de 2011 la alcaldía de Mariquita rendía un informe al Tribunal Administrativo del Tolima de lo que había hecho y había dejado de hacer, un auto del mismo Tribunal del 23 de septiembre de 2011 declaraba probado el desacato del entonces alcalde Acero imponiéndole una multa de cinco (5) días de salario, conmutables en arresto.

Las razones que exponía el Tribunal Administrativo del Tolima para imponerle el desacato era de que a pesar que había construido un tanque de almacenamiento de agua no lo había puesto en funcionamiento por negligencia. Y como si fuera poco le señalaba que este se hallaba en abandono. El Tribunal deja entrever que pese a los esfuerzos estos no fueron suficientes ya que, efectivamente, el alcalde había incumplido las sentencias del 4 de junio de 2004 y 14 de abril de 2005.

En fin, lo que el ciudadano del común debe entender es que la providencia emitida por el Consejo de Estado el 2 de febrero de 2012 deja en firme la sentencia por desacato contra el exalcalde Acero y que el problema del agua continúa.

En más, en la susodicha providencia se señala que no es justo que después de cinco (5) años  de haberse dictado el fallo de segunda instancia, es decir, desde el 14 de abril de 2005, la alcaldía “no haya formulado alternativas eficaces y eficientes para que se supere la problemática que causa la deficiente prestación del servicio del acueducto”.

Lo que está señalando el Consejo de Estado es que las sentencias de los años 2004 y 2005 hay que acatarlas y ahora le toca al actual alcalde Álvaro Bohórquez pensar cómo llevar a cabo lo ordenado. Porque si no lo hace es muy posible que a mediano plazo replique contra él algún fallo judicial. Es decir, verse enredado en algún pleito jurídico.

El tanque de almacenamiento

Sobre el asunto del tanque de almacenamiento que costó más de 1.400 millones de pesos, recién posesionado el alcalde Álvaro Bohórquez llegaron a su despacho una comisión de los llamados “indignados del agua”. Le exigían no poner en funcionamiento el tanque.

El alcalde fue tajante y les hizo saber que una cosa es el pleito  jurídico que los “indignados del agua” tienen con ESPUMA y, otra cosa es que él,  como alcalde, lo que tiene que hacer es velar porque ESPUMA preste un buen servicio.

Pero la dicha de que el alcalde Bohórquez quiera poner en funcionamiento el tanque puede ser pasajera. Lo feo es que esos 1.400 millones de pesos que están votados, necesita, según palabras del exgerente Edgar Castro Alarcón, otra cantidad de millones de pesos para arreglarlo.

Otra noticia, y está sí que ha pasado desapercibida y que los mariquiteños deben saber, es que la empresa ESPUMA mandó hacer un estudio maestro sobre el acueducto y el alcantarillado que, como se sabe, ya colapsaron. El estudio costó 600 millones de pesos. Ahora falta conseguir el dinero para ejecutar el plan maestro.

Ante tanto problema que se ha presentado con ESPUMA un asunto que debe tener en cuenta esta empresa es lo referente al consumo del agua. Personalmente he sido en varias ocasiones victima de ESPUMA por el bajo consumo de agua. Le sugirió a ESPUMA que en vez de ver al que tenga bajos promedios de metros cúbicos de agua como sospechoso de fraude le dé un premio.

Así como la empresa trata de incentivar el uso del micromedidor, una campaña para que la gente se anime a racionalizar el agua no caería mal. El premio a la racionalización del agua no debe ser una palmadita en el hombro, debe ser un premio material donde la gente se sienta satisfecha por haber hecho un buen uso del consumo del agua.

No caería mal de que se ventile la posibilidad de que los propietarios de los inmuebles se vuelvan socios de la empresa adquiriendo acciones.

Sin ser concejal y sin ser parte de la roscograma que se come los impuestos de los contribuyentes  mariquiteños, propongo que la actual administración municipial, ESPUMA y el concejo municipal elaboren un acuerdo municipal para que debatan cuál debe ser el consumo mínimo vital de agua en Mariquita.

Colombia es uno de los países más inequitativos y de mayor pobreza en América Latina y Mariquita con sus cinturones de miseria y desempleo no escapa a ella.

Es hora de que los estratos 1, 2 y 3 tengan derecho a un mínimo de metros cúbicos regalados y que todo ser humano tiene derecho y que, según los cánones internacionales, varía entre 6 y 10 metros cúbicos mensuales. No es bueno que, si es como dice la gente, que ESPUMA obtiene multimillonarias ganancias, estas vayan a parar al bolsillo de unos pocos. Es hora de que las ganancias de las empresas se socialicen y no, como hacen los bancos, que solo saben socializar las pérdidas.

Armero y el bogotazo del 9 de abril. Muerte del párroco Pedro María Ramírez

Armando Moreno 

Las ideas masonas, socialistas, del liberalismo inglés y del protestantismo entraron en Armero a comienzos del siglo XX. Uno de los motivos que tuvo el sacerdote Pedro María Ramírez —muerto el 10 de abril de 1948— para irse como párroco para Armero era de que allí había muchas iglesias protestantes. Según él, luteranas.

Un día después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en el campamento instalado en La Sierra, los obreros que trabajaban en el canal de irrigación de Lérida seguían sus labores rutinarias como si nada hubiese pasado. No obstante, las diversas versiones sobre el asesinato de Gaitán seguían de boca en boca.

Pedro María Ramírez

Gustavo Barragán, el ebanista de la compañía, había escuchado decir que de los pueblos cercanos al nevado del Ruíz bajaban conservadores. Al comentarle al inspector de la obra lo que posiblemente estaba aconteciendo, solicitó un mulo ensillado con el fin de llevar las noticias a la población de Armero.

Pasadas las dos de la tarde salió para Lérida. Llegó a la plaza del pueblo a todo galope. Quienes estaban al tanto de lo que podía acontecer, salieron al encuentro preguntándole que qué pasaba. Sin titubear respondió con un tono seco: “los conservadores de Santa Isabel ya vienen para Junín”.


 Mientras el ebanista Barragán seguía su camino, en el parque de Los Fundadores de Armero, desde el mediodía del sábado, algunos decían que los conservadores ya estaban en el caserío de La Sierrita. Otros que ya estaban por los lados de Junín. Pero lo que si causó furia fue la noticia de que un tal Benjamín Espinosa al frente de un pelotón, armado hasta los dientes, venía dispuesto a atacar a Armero.

El otro rumor era que en Lérida había un telegrama donde se informaba que los conservadores ya habían cruzado Río Recio y para evitar que se la tomaran esperaban la presencia y la ayuda de los liberales de Armero.

Ante semejantes rumores, el médico Luis Alejandro Parra Bonilla congregó a varios hombres en el parque de Los Fundadores y les preguntó quiénes estaban dispuestos a seguirlo. Al conformar el grupo salió para Lérida. Pero al llegar al reten cerca del río Lagunilla se topó con un camión medio destartalado. En él llegaba el ebanista Barragán. Al enterarse por su propia boca que los conservadores ya venían más acá de Lérida, prosiguió la marcha después de un apretón de manos y un hasta luego.

Iglesia San Lorenzo y casa cural

Un kilómetro después del puente sobre el río Lagunilla pudo percatarse que algunos que lo habían estado acompañando habían optado por abandonarlo. Se detuvo y consultó con sus cuatros amigos que quedaban qué hacer. Acordaron esperar.

Aunque la mañana del sábado había estado nublada, después del mediodía Armero fue abrazada por un sol canicular. Pero, al comenzar el crepúsculo de la tarde, quienes estaban en el parque lanzando arengas contra los asesinos de Gaitán, fueron alertados de que algo raro estaba pasando. Nicolás Izquierdo Cortés, casi que setentón, encorvado por el peso del trabajo como jornalero y cosechero de legumbres, y muy querido por el pueblo, pues era de los pocos que podían de decir, nací en Armero, al llegar al parque vio y escuchó cuando un tumulto de gente dijo: “vamos a registrar la iglesia porque el cura ha echado unos vivas”. Otro testigo ocular fue el albañil José Guillermo Sarmiento. Escuchó cuando algunos dijeron que había que ir a la iglesia porque habían sentido ruidos raros.

El boticario Luis Aguirre que había estado en su casa, al oír que la algarabía en el parque subía cada vez de tono, se salió para trasladarse a la casa de la esquina de Raimundo Melo. Se unió a quienes estaban en la esquina y desde allí alcanzó a divisar cómo un grupo de hombres encabezado por Mario Duran Calle, alias “El Corcho” se acercaron a la iglesia y miraron por debajo de la puerta. Estaban armados de cuchillos, machetes, palas, palos y piedras; y uno que otro fusil terciado a las espaldas.

El boticario Aguirre, aun sin entender qué podría estar ocurriendo, preguntó por si alguien respondía:

—Qué sucede.

—El cura está adentro de la iglesia y tiene bombas para tirarle al pueblo

El boticario Aguirre al mirar nuevamente hacia la iglesia, observó que el pelotón que estaba al frente de la puerta había desaparecido.

—Dónde están— preguntó.

—Están adentro— le dijeron.

Cinco minutos después se escuchó la detonación de dos bombas, una tras otra. Quienes estaban adentro de la iglesia salieron en estampida hacia el parque. “El Corcho” quien comandaba el pelotón ordenó la huída. Algunos corrieron despavoridos, otros se resguardaron tras las bancas y los árboles del parque, otros desenvainaron sus machetes de hoja ancha de sus fundas y quienes estaban con sus armas de fuego buscaron o hicieron sus trincheras. La seguidilla de bombas y el tiroteo de fuego cruzado habían empezado. Pese al torbellino de la gente inmensos grupos se apostaron frente a la iglesia y la casa cural. El comentario generalizado era de que el párroco Ramírez los había recibido con una bomba de dinamita tan pronto habían entrado.

El médico Parra Bonilla, aun seguía en el sitio de espera. Estaba decepcionado de la noticia que le habían dado. Media hora antes había pasado Luis Carlos Calderón, el diputado del Tolima nacido en Fresno, y al preguntarle si era cierto que las huestes conservadoras venían más acá de Lérida, éste le había respondido que nada había notado y que de eso nada se sabía. Al tomar la decisión de regresar comenzó a escuchar las detonaciones. Pensó él que sería por los lados de Armero y menos aun que fuera en el parque.

El alcalde Evencio Martínez Bolívar no estaba en su despacho. Se hallaba en una junta de ciudadanos, según él, con lo “más destacados de la localidad”. Estaban pensando cómo devolverle la tranquilidad a la población. Al llegar al parque se encontró que era un campo de batalla. Vio grupos de gentes portando machetes, cuchillos, palas, palos, fusiles, varillas y revólveres. El alcalde recordaría que había visto “más o menos, mil personas”. También había escuchado “detonaciones de bombas de dinamita y disparos de distintas armas de fuego. Pero por el humo no pude distinguir si contra el grupo de gentes se lanzaban las bombas o se hacían los disparos, o, si los del grupo lanzaban las bombas o hacían los disparos en dirección a la iglesia, o, a otra parte”.

Parque de Los Fundadores
Sitio donde cayó muerto el párroco

El boticario Aguirre marchó hacia la botica que quedaba en su casa. Se hizo detrás del almendrón que quedaba al frente de la botica. Desde allí siguió viendo cómo el gentío se seguía armando. Pensó en su casa, en su vida y en su familia. El alcalde Martínez Bolívar como pudo cruzó el parque en dirección a la alcaldía. Estaba acompañado del odontólogo Ramón Jaramillo. Al llegar a la esquina de la alcaldía se reguardaron tras un árbol. Se limitaron a contemplar el desarrollo de los hechos. “Las balas cruzaban —diría el alcalde— sin darnos cuenta qué personas eran las que atacaban en distintas direcciones”.

El médico Parra Bonilla prefirió dirigirse a su casa. Pensaba también en su familia. Estuvo encerrado hasta que se calmaron los tiros y las bombas. Le pareció que todo estaba aconteciendo en el parque.

Entretanto hombres armados de machetes, escopetas y revólveres seguían pidiendo a gritos dónde estaba el párroco Ramírez.

Mientras la muchedumbre enardecida recorría las calles con machetes, pistolas, revólveres, escopetas y palos gritando ¡Abajo el partido Conservador! ¡Muera Mariano Ospina Pérez!; un hombre blanco, de profesión carpintero, llamado Camilo Leal Bocanegra, de 38 años y nacido en Honda, con machete en mano y al frente de un grupo enfurecido, se dirigió hacia la tienda de Salvador Torres ubicada en la calle 11.

Después de buscarlo por varios minutos por las alcobas y el solar de la tienda lo avistó en el techo de casa cural. Al bajar al párroco Pedro María Ramírez al solar de la tienda empezó a buscar la salida hacia la calle 11.

Caminando hacia la puerta que daba a la calle, el párroco Ramírez le dijo al carpintero:

—“Llévame maestro a la cárcel porque allá quedo más seguro que aquí”.

Al cruzar la puerta una muchedumbre enfurecida los esperaba en la calle. Caminaron juntos unos pocos metros en dirección al Parque de los Fundadores. El carpintero llevaba al párroco tomado por el brazo. De un momento a otro y en un cerrar de ojos, voces con el grito al cuello le dijeron: “¡hijodeputa…! si no lo suelta lo matamos…”.

De repente brazos salidos de las entrañas de la tierra le arrebataron al carpintero Leal Bocanegra el párroco Ramírez. Eran pasadas las cuatro de la tarde. A empellones lo llevaron hasta la esquina del almacén del palestino David Jassir. Una voz fuerte se sobrepuso al griterío y a la algarabía. Esa misma voz pedía que le dieran por el filo del machete.

Un hombre que estaba en diagonal a la esquina de David Jassir vio cómo el filo del machete penetraba un poco más arriba de la nuca y que el médico legista en un lenguaje técnico llamó occipital. Cayó de rodillas. La sangre a borbotones recorrió las mangas de la sotana. El bonete rodó ensangrentado.

Al levantarse con esfuerzo, trastabilló al andar. Otra vez, otra voz, con rencor y odio gritó: “Denle de nuevo por el filo”. Estaba por llegar casi al borde del parque cuando un hombre en medio de la turba blandía de nuevo el filo del machete hacia la nuca. Fue un golpe certero.

El cuerpo del párroco caía moribundo en medio de la turba. La muchedumbre se desparpajaría minutos más tarde en medio de la indiferencia.

En veremos el relleno sanitario de Armero-Guayabal

Armando Moreno

Desde la década de los 80´s del siglo XX se empezó a cuestionar el impacto que tenía ciertos modelos de desarrollo sobre las sociedades llamadas del Tercer Mundo. La disciplina que pondría en duda los modelos que se implementaban desde el Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional fue un campo de la antropología llamada Antropología del Desarrollo.

Desafortunadamente en las universidades colombianas profesiones que tiene ver con el llamado desarrollo, o, progreso, en sus planes de estudios este conocimiento antropológico pasa desapercibido, e, incluso, lo desconocen.

Lo chocante es que este discurso de la Antropología del Desarrollo ha llegado a la misma sociedad a través de los mismos funcionarios gubernamentales que han terminado por aceptarlo y acatarlo a regañadientes.

A pesar del desconocimiento de la Antropología del Desarrollo, lo cierto es que cuando se implementan proyectos mineros como los de la Colosa en Cajamarca, o, el Páramo de Santurban en Santander, o, el más reciente en Armero-Guayabal con el basurero al aire libre, la sociedad con sus voces indignadas se dejan escuchar.

La marcha del 21 de enero

Una muestra de indignación fue lo que sucedió el pasado 21 de enero en Armero-Guayabal. La marcha que se llevó a cabo por las calles del pueblo, y por la vía que va del casco urbano al puente de Sabandija, es el mensaje fehaciente de que los proyectos en vez de imponerlos deben, antes que todo, ser consultados y socializados con las comunidades.

Con la presencia de los habitantes de Armero-Guayabal y su párroco, de los profesionales que integran el Comité Veedor, el alcalde del municipio y el gobernador del Tolima, en el parque del pueblo se escucharon las voces de quienes que con argumentos técnicos, jurídicos y científicos ponían en entredicho las bondades del llamado Relleno Sanitario del Norte o Parque Industrial Santodomingo.

Al gobernador del Tolima y al representante de Cortolima les hicieron saber que el proyecto nunca fue socializado. Cortolima quedo así como una entidad que en vez de escuchar desconoce las voces de la comunidad. Y con este criterio absurdo dio el visto bueno a la licencia ambiental imponiendo de este modo la iniciación del proyecto.

Pero lo que más le indignó a los antiguos pobladores de Armero fue la mentira, el engaño. Cuando surgió la idea del proyecto para darle solución a la basura de los nueve municipios que conforman el norte del Tolima —Armero-Guayabal, Mariquita, Lérida, Palocabildo, Falan, Casabianca, Líbano, Murillo y Villahermosa— era de que se iba a construir una planta para reciclar la basura. Es decir, darle un valor agregado a la basura y, de este modo, atacar el desempleo que tanto agobia a los municipios del norte del Tolima.

La idea, como toda idea buena, y cuando de generar empleo se trata, gustó. Pero, con el correr del tiempo, los armeritas-guayabalunos se dieron cuenta que todo era un embuste. Que el tal Parque Industrial Santodomingo solo era un nombre escrito en el papel y que la basura en vez de reciclarse iba a ser votada a un hueco tal como la echaban en los carros recogedores de basura.

Como si la mentira y el engaño no bastaran, otro aspecto que hace más inviable el proyecto es su impacto ambiental. La gente se pregunta cómo es posible que Cortolima haya dado una licencia ambiental a un proyecto que aniquila todo vestigio de naturaleza animal, vegetal y humana.

Como todo proyecto que se inicia sin el consentimiento de la sociedad este termina siendo justificado por quienes se benefician, Luis Arturo Rojas Valderrama, gerente de las Empresas Públicas del Norte del Tolima, ha dicho que el proyecto está bien sustentado y diseñado.

Aunque el señor Rojas Valderrama se empecine en defender el proyecto, los argumentos técnicos y científicos presentados por la comunidad con el apoyo de geólogos, biólogos, abogados e ingenieros dicen lo contrario.

La inviabilidad del proyecto

El párroco de Armero-Guayabal señaló que el tal basurero está en un sitio donde nacen quebradas que como las de San Jacinto, La Zorra, La María y Santo Domingo terminan arrojando sus aguas al río Sabandija. Con una explicación sencilla el párroco dio a entender que por estar las basuras en un hueco mal hecho, el veneno que emana de las basuras llamado lixiviados, y que aniquila la vida por donde pasa, al filtrarse por las rocas porosas, termina en las aguas de dichos ríos matando toda clase de peces, reptiles y plantas.

Además de este daño ambiental lo preocupante es que estos lixiviados al llegar al río Sabandija terminan haciendo un daño a la salud de los pobladores de Armero-Guayabal. Como se sabe es en dicho río donde se toma el agua para el consumo diario.

De otra parte, la exposición que hiciera el abogado Helio Jiménez Toquica da a entender que el proyecto desde un comienzo arrancó mal. Comenzando por el terreno. Antes del año 2006 el área donde se construyó el relleno era considerado como de reserva natural y de protección. Pero Cortolima en su afán de emprender el proyecto obligó al municipio a cambiar el uso del suelo, engañando de este modo a la comunidad.

Otros puntos que fueron cuestionados por el comité veedor fueron las características del suelo. Los estudios geotécnicos señalan científica y técnicamente que el suelo donde está el relleno no es apto porque su composición es arenosa y fragmentaria. Es más, por el mismo relleno pasa una falla geológica, lo que haría más vulnerable el relleno. No obstante, la pregunta que se hace la gente del común es por qué Cortolima se empecina en afirmar lo contrario.

Otra metida de patas de Cortolima tiene que ver con el estudio hidrológico que hizo el personal técnico de la entidad. Los habitantes de Armero-Guayabal saben que donde está el relleno es una de las zonas más hermosas del municipio por su diversidad vegetal y animal. Sin embargo, el estudio de Cortolima da a entender que lo que había allí era un peladero.

Aunque la Resolución 011 de enero 4 de 2012 le da la razón a la veeduría pues acepta que el proyecto no tuvo socialización, en otro apartado señala que el proyecto debe pararse porque se acabó el dinero.

Qué hacer con el relleno

Ahora los habitantes de Armero-Guayabal se están preguntando qué hacer con el relleno sanitario. Pues este le ha creado una serie de problemas que no saben cómo resolver. En primer lugar están los malos olores que ya empezó a expeler. Cuando les preguntaron a los profesionales de Cortolima qué hacer con los olores, estos ni cortos ni perezosos dijeron que se resolvería con unos cortavientos. No dejaron claro para donde los desplazarían. Lo cierto es que si no se resuelve este problema a corto plazo, es muy posible, que esos fétidos olores terminen soportándolos los habitantes de Mariquita, Lérida, Méndez y el mismo Armero-Guayabal.

El otro gran problema es el dique de contención que ya se reventó. O sea que los lixiviados que son tóxicos van a comenzar hacer de las suyas en las quebradas que alimentan de agua al río Sabandija. Para rematar, el tratamiento de los lixiviados no será por ahora, sino dentro de dos años.

Aunque la plata se acabó lo único que quedó bien hecho fue la balanza para pesar la basura. No obstante, el mismísimo gerente Luis Arturo Rojas Valderrama a pesar de que el proyecto ya se comió los primeros $ 2.068 millones aún falta mucho por hacer. Él dice que la vía que conduce al basurero hay que hacerle mejoras y, según él, valen la bicoca de $ 1.300 millones.

Lo otro que hace falta mejorar y que fue muy enfático el abogado Toquica, tiene que ver con el manejo de los gases y de los lixiviados, la impermeabilización, el sistema de filtros, pozo de inspección, cajas, chimeneas y un largo etcétera de nunca acabar y que valen a pesos de hoy $ 805 millones.

Aunque estas sumas las hace el gerente Rojas Valderrama, este señor parece tener oídos sordos a la indignación de los habitantes de Armero-Guayabal. Los habitantes, con el comité veedor a la cabeza, han sido enfáticos en afirmar que no quieren saber nada del relleno sanitario.

Al gobernador Delgado Peñón le hicieron saber que era urgente pensar en una propuesta alternativa. La propuesta es echar para adelante lo pensado inicialmente: una planta de reciclaje de basura en un sitio diferente y que sea fuente de generación de empleo.

En Mariquita: 1.400 millones de pesos desperdiciados

Armando Moreno

Un conflicto entre Espumas e Indignados ha llevado a un vasto sector de la población ser victima de abusos de parte y parte.

En el mes de diciembre del año 2011 leí una entrevista entre el periodista Francisco Bejarano, director de una revista lujosa que se distribuye en Mariquita, y Edgar Castro Alarcón, gerente de la Empresa Espuma.

La entrevista interesa porque deja entrever asuntos que desconocen los habitantes de Mariquita. Como por ejemplo, de que ya casi no existen deudores de agua porque la mayoría de ellos se acercaron a la empresa a negociar la deuda. El gerente señala que a él no le interesan los pleitos jurídicos con los deudores, sino que ellos entren en razón, dialoguen, pongan sobre la mesa sus problemas y traten de llegar a un acuerdo.
Otra de las invitaciones, y que es una norma que se ha impuesto en todas partes del mundo, es al uso del micromedidor. No se entiende cómo a estas alturas del siglo XXI existan individuos que se nieguen al uso del micromedidor cuando su uso conllevaría a un racionamiento más adecuado del liquido.

Sobre este asunto los mariquiteños deben entender que no existe justificación alguna que el agua que debe ser para beber, hacer de comer y bañarnos sea usada por algunos para lavar carros, animales y las aceras de las casas. E incluso que algunos de ellos que hacen un uso irracional del agua se opongan al micromedidor solo por el hecho de llevar la contraria.

Pero lo que más causa indignación es que existan individuos que están engañando a la gente con el argumento de que le pueden resolver la deuda del agua. Dice el gerente que son entre cuatro y cinco “personas que llevan 11 años viviendo de Espuma”. Pues son individuos que se la pasan pidiéndole a la gente entre cinco y treinta mil pesos, y con el cuento de salvarlos de la deuda se ponen “un sueldo mínimo de 1 millón de pesos mensuales”.

Dice el gerente Castro que, con el otro cuento de que Espuma es ilegal, han hecho de la pedidera de plata una “forma de vivir”. Incluso, se atreve a vaticinarles un futuro negro. Pues si se llegara acabar el problema de Espuma no tendrían de qué vivir.

Otro punto que trató el gerente de Espuma, y que a mi entender es muy delicado, es el referente a un tanque que se construyó hace más de un año. Dicen los que saben que si ese tanque se hubiese puesto en funcionamiento el servicio de agua se hubiese mejorado en un 70%. Pero la pregunta que se tiene que hacer el mariquiteño del montón es: ¿por qué no está en funcionamiento?

El señor gerente acusa que el directo responsable de no dejar poner en funcionamiento el tanque es de unos individuos que se han interpuesto a la entrega. Alegan que si se pone en funcionamiento el tanque es para favorecer a Espuma y al gerente.
Sobre el asunto del tanque que costó más de 1.400 millones de pesos, el alcalde Álvaro Bohórquez en días pasados recibió a un grupo donde le pedían que por ningún motivo fuera a poner en funcionamiento el tanque.

Por fortuna, el alcalde fue tajante y les hizo saber que una cosa es el pleito jurídico que algunos tienen con Espuma y, otra cosa es que él, como alcalde, lo que tiene que hacer es velar porque Espuma preste un buen servicio. Esta posición del alcalde, merece un aplauso.

Pero la dicha de que el alcalde Bohórquez quiera poner en funcionamiento el tanque puede ser pasajera. Lo feo es que esos 1.400 millones de pesos que están votados, necesita, según palabras del gerente de Espuma y del mismo alcalde Bohórquez que me lo dijo, otra cantidad de millones de pesos para arreglarlo.

Otra noticia, y está sí que ha pasado desapercibida y que los mariquiteños deben saber, es que la empresa Espuma mandó hacer un estudio maestro sobre el acueducto y el alcantarillado que como se sabe ya colapsaron. El estudio costó 600 millones de pesos. Ahora falta conseguir el dinero para ejecutar el plan maestro.

Ante tanto problema que se ha presentado con la Empresa Espuma, sería bueno que los propietarios de los inmuebles se vuelvan socios de la empresa adquiriendo acciones. No es bueno que, si es como dice la gente, que la empresa obtiene multimillonarias ganancias, estas vayan a parar al bolsillo de unos pocos. Colombia es uno de los países más inequitativos y de mayor pobreza en América Latina. Es hora de que las ganancias de las empresas se socialicen y no, como hacen los bancos, que socializan las pérdidas.

Otro asunto que debe tener en cuenta Espuma es lo referente al consumo del agua. Personalmente he sido en varias ocasiones victima de Espuma por el bajo consumo de agua. Le sugirió el gerente Castro que en vez de ver al que tenga bajos promedios de metros cúbicos de agua como sospechoso de fraude le dé un premio. Así como la empresa trata de incentivar el uso del micromedidor, una campaña para que la gente se anime a racionalizar el agua no caería mal.

El premio a la racionalización del agua no debe ser una palmadita en el hombro, debe ser un premio material donde la gente se sienta satisfecha por haber hecho un buen uso del consumo del agua.

Al gerente Castro también hay que criticarle del por qué de la ausencia de los vocales de control en la empresa Espuma. Pues nadie sabe para qué sirve y cuál es su importancia. La pregunta es: ¿cómo se eligen?