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miércoles, abril 18, 2012

Una multa por desacato a exalcalde de Mariquita

Armando Moreno

El 2 de febrero de 2012 la sala del Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió una providencia donde señala que la alcaldía de Mariquita incumplió los esfuerzos que tenía que hacer para mejorar el servicio de agua.

Aunque en la providencia deja en firme el desacato en que incurrió el exalcalde Gustavo Acero, es decir, el de haberse hecho el de la vista gorda con las sentencias del 4 de junio de 2004 y el 14 de abril de 2005, interesa que la providencia da elementos de juicio para pensar por qué aun a estas alturas del siglo XXI Mariquita no tiene un suministro de agua constante y decente.

A Colombia y a los mariquiteños les debe interesar que en la sentencia del 4 de junio de 2004,  emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, le ordenaba a las empresas ESPUMA y a URBES “como un paso previo a la instalación de micromedidores”, realizar en forma gradual en un plazo que no excediera a un (1) año la “implementación de los dispositivos tales como un adecuado sistema de macromedidores, ventosas y válvulas de control para verificar y sectorizar las pérdidas y consumos y equipos requeridos para el control y medición del agua por sectores y con cubrimiento de toda la red”.
Mariquita desde el cerro de Santa Catalina

No obstante, el 14 de abril de 2005, la Sección Primera del Consejo de Estado modificaba la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima reformando y confirmando algunos numerales. Entre los numerales reformados hay uno en particular donde le ordena al alcalde de Mariquita, “a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del fallo”, adoptar un plan de acción con su respectivo cronograma para que, en un plazo que no exceda al del periodo del alcalde, ejecute un “proyecto de ampliación y adecuación de las redes de suministro de agua  potable y de la planta de tratamiento del acueducto municipal”. Lo anterior, con el fin de asegurar la continuidad en el suministro del servicio de acueducto a la población.

Las dos sentencias fueron pasadas de agache por la alcaldía de Hernán Cuartas. Tal vez porque nadie se apersonó de ellas o porque el municipio en ese entonces estaba en ley 550.

Como en materia de derecho administrativo la responsabilidad es de quien ejerce el cargo, estando Gustavo Acero en la alcaldía quiso pasarse de listo con las sentencias que obligaban al municipio a ejecutar lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado.

En efecto, durante el primer semestre del 2011 se promovieron dos incidentes de desacato contra el alcalde de Mariquita por incumplimiento de los fallos del 4 de junio de 2004 y 14 de abril de 2005. Uno de ellos lo puso el representante legal de la empresa ESPUMA el 23 de febrero de 2011. El otro la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos de Mariquita el 18 de julio de 2011.

Multa por desacato al exalcalde Acero

Pero lo que no se esperaba el exalcalde Acero era que el Tribunal Administrativo del Tolima en un auto del 25 de julio de 2011 admitía los incidentes de desacato dándole  tres días para que explicara qué había pasado con las ordenes de las sentencias emitidas.

Si bien el 25 de febrero de 2011 la alcaldía de Mariquita rendía un informe al Tribunal Administrativo del Tolima de lo que había hecho y había dejado de hacer, un auto del mismo Tribunal del 23 de septiembre de 2011 declaraba probado el desacato del entonces alcalde Acero imponiéndole una multa de cinco (5) días de salario, conmutables en arresto.

Las razones que exponía el Tribunal Administrativo del Tolima para imponerle el desacato era de que a pesar que había construido un tanque de almacenamiento de agua no lo había puesto en funcionamiento por negligencia. Y como si fuera poco le señalaba que este se hallaba en abandono. El Tribunal deja entrever que pese a los esfuerzos estos no fueron suficientes ya que, efectivamente, el alcalde había incumplido las sentencias del 4 de junio de 2004 y 14 de abril de 2005.

En fin, lo que el ciudadano del común debe entender es que la providencia emitida por el Consejo de Estado el 2 de febrero de 2012 deja en firme la sentencia por desacato contra el exalcalde Acero y que el problema del agua continúa.

En más, en la susodicha providencia se señala que no es justo que después de cinco (5) años  de haberse dictado el fallo de segunda instancia, es decir, desde el 14 de abril de 2005, la alcaldía “no haya formulado alternativas eficaces y eficientes para que se supere la problemática que causa la deficiente prestación del servicio del acueducto”.

Lo que está señalando el Consejo de Estado es que las sentencias de los años 2004 y 2005 hay que acatarlas y ahora le toca al actual alcalde Álvaro Bohórquez pensar cómo llevar a cabo lo ordenado. Porque si no lo hace es muy posible que a mediano plazo replique contra él algún fallo judicial. Es decir, verse enredado en algún pleito jurídico.

El tanque de almacenamiento

Sobre el asunto del tanque de almacenamiento que costó más de 1.400 millones de pesos, recién posesionado el alcalde Álvaro Bohórquez llegaron a su despacho una comisión de los llamados “indignados del agua”. Le exigían no poner en funcionamiento el tanque.

El alcalde fue tajante y les hizo saber que una cosa es el pleito  jurídico que los “indignados del agua” tienen con ESPUMA y, otra cosa es que él,  como alcalde, lo que tiene que hacer es velar porque ESPUMA preste un buen servicio.

Pero la dicha de que el alcalde Bohórquez quiera poner en funcionamiento el tanque puede ser pasajera. Lo feo es que esos 1.400 millones de pesos que están votados, necesita, según palabras del exgerente Edgar Castro Alarcón, otra cantidad de millones de pesos para arreglarlo.

Otra noticia, y está sí que ha pasado desapercibida y que los mariquiteños deben saber, es que la empresa ESPUMA mandó hacer un estudio maestro sobre el acueducto y el alcantarillado que, como se sabe, ya colapsaron. El estudio costó 600 millones de pesos. Ahora falta conseguir el dinero para ejecutar el plan maestro.

Ante tanto problema que se ha presentado con ESPUMA un asunto que debe tener en cuenta esta empresa es lo referente al consumo del agua. Personalmente he sido en varias ocasiones victima de ESPUMA por el bajo consumo de agua. Le sugirió a ESPUMA que en vez de ver al que tenga bajos promedios de metros cúbicos de agua como sospechoso de fraude le dé un premio.

Así como la empresa trata de incentivar el uso del micromedidor, una campaña para que la gente se anime a racionalizar el agua no caería mal. El premio a la racionalización del agua no debe ser una palmadita en el hombro, debe ser un premio material donde la gente se sienta satisfecha por haber hecho un buen uso del consumo del agua.

No caería mal de que se ventile la posibilidad de que los propietarios de los inmuebles se vuelvan socios de la empresa adquiriendo acciones.

Sin ser concejal y sin ser parte de la roscograma que se come los impuestos de los contribuyentes  mariquiteños, propongo que la actual administración municipial, ESPUMA y el concejo municipal elaboren un acuerdo municipal para que debatan cuál debe ser el consumo mínimo vital de agua en Mariquita.

Colombia es uno de los países más inequitativos y de mayor pobreza en América Latina y Mariquita con sus cinturones de miseria y desempleo no escapa a ella.

Es hora de que los estratos 1, 2 y 3 tengan derecho a un mínimo de metros cúbicos regalados y que todo ser humano tiene derecho y que, según los cánones internacionales, varía entre 6 y 10 metros cúbicos mensuales. No es bueno que, si es como dice la gente, que ESPUMA obtiene multimillonarias ganancias, estas vayan a parar al bolsillo de unos pocos. Es hora de que las ganancias de las empresas se socialicen y no, como hacen los bancos, que solo saben socializar las pérdidas.

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